El máximo tribunal de Justicia de la Nación quedó en condiciones de resolver el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Tras haber atravesado todas las instancias inferiores con fallos favorables al sistema académico, el expediente llegó a la Corte luego de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario federal para frenar la norma.
La definición judicial ocurre en un clima de alta tensión, potenciado por la masiva Marcha Federal Universitaria realizada este martes, donde la comunidad educativa exigió el cumplimiento de la ley para frenar el deterioro presupuestario y salarial.
El eje de la controversia judicial
La administración de La Libertad Avanza busca que la Corte Suprema anule o suspenda la ejecución de la ley aprobada por el Congreso, bajo el argumento de que su aplicación causaría un «grave e irreparable perjuicio» al Estado al comprometer el equilibrio fiscal.
Sin embargo, los fallos previos dieron la razón al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estableciendo que el Ejecutivo debe cumplir con:
- Actualización automática: El giro de partidas destinadas al funcionamiento básico, infraestructura y el mantenimiento de hospitales universitarios.
- Recomposición salarial: La actualización de los haberes de docentes y no docentes, que han quedado rezagados frente a la inflación.
- Sostenimiento de becas: El financiamiento de programas de ayuda estudiantil fundamentales para evitar la deserción.
Números alarmantes: la asfixia salarial
En el documento leído durante la movilización a Plaza de Mayo, las organizaciones universitarias y gremiales presentaron cifras que ilustran la magnitud de la crisis:
- Inflación acumulada: Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los precios aumentaron un 293,30%.
- Ajuste salarial: En el mismo período, los salarios universitarios subieron solo un 147,30%.
- Pérdida real: Los trabajadores del sector denuncian una caída del poder adquisitivo del 37,13%, lo que ha derivado en renuncias masivas de profesionales formados y una crisis en las obras sociales.
Los escenarios para el máximo tribunal
Con el expediente en sus manos, los ministros de la Corte Suprema enfrentan dos caminos posibles:
- Rechazo del recurso: Si el tribunal desestima la apelación oficial, la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos quedará firme de manera inmediata.
- Sentencia de fondo: El tribunal podría decidir tratar el caso y emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la norma y la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir con las leyes de financiamiento específicas votadas por el Poder Legislativo.
Desde las universidades advierten que el tiempo es un factor crítico. Mientras se espera el veredicto, el «ahogo financiero» amenaza con interrumpir el normal desenvolvimiento del sistema científico, la formación académica y la atención en los centros de salud dependientes de las casas de estudio.