El equipo legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner basó su pedido de revisión de la causa Vialidad en una nueva pericia contable, denunciando una asimetría en el fuero federal a la que definieron institucionalmente como un pacto de impunidad y lawfare. La defensa expuso que la condena y la consecuente proscripción política de la exmandataria se fundamentan en apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso vial (SISVIAL) adjudicados a las empresas de Lázaro Báez entre 2009 y 2015.

En contraste, los abogados encabezados por Carlos Beraldi enfatizaron que el 99,15% restante de los recursos fue distribuido entre otras firmas privadas, señalando como principal beneficiaria a la constructora IECSA, vinculada a familiares del expresidente Mauricio Macri, sector que no enfrentó consecuencias penales. A partir de esta disparidad patrimonial y judicial, la representación legal argumenta que la sentencia no responde a un criterio de justicia, sino a un esquema direccionado para inhabilitar electoralmente a la exmandataria mientras se exculpa a otras figuras políticas. Bajo esta premisa, la defensa formalizará el recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal y elevará las actuaciones al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.