El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó peritar las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa del exfuncionario, con las que busca justificar ingresos por casi US$ 600.000 antes de su paso por la función pública. La medida se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que las explicaciones entregadas no resultaran suficientes para el Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento técnico, que contará con la participación de la Policía Federal Argentina, requerirá verificar la titularidad de las billeteras digitales mediante firmas criptográficas. Además, la Fiscalía detectó un desfasaje de más de $ 43 millones entre los ingresos declarados y los gastos reconstruidos del matrimonio, y solicitó informes patrimoniales históricos a la ANSES y a los registros de la propiedad para evaluar la evolución económica de la familia.