El proceso de licitación pública internacional convocado por el Estado nacional para otorgar la concesión y explotación del parque temático Tecnópolis por un plazo de 30 años ingresó en una etapa de cuestionamientos políticos y técnicos. La polémica se desató tras la difusión de una serie de transacciones financieras por una suma superior a los 55 millones de pesos emitidas por la firma Foggia Group —una de las corporaciones privadas que compite en el pliego licitatorio— a favor de la consultora de servicios profesionales «+BE», propiedad de Bettina Angeletti, cónyuge del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

De acuerdo con las filtraciones del legajo comercial publicadas por el portal especializado La Política Online, los desembolsos de fondos se canalizaron hacia la estructura empresarial de la esposa del ministro coordinador. Desde el entorno técnico de Angeletti argumentaron que las transferencias corresponden a la contraprestación regular de servicios de asesoramiento corporativo y auditoría externa en materia de recursos humanos prestados a la firma oferente.

Los componentes económicos del pliego, las incompatibilidades por presunto conflicto de intereses y la composición societaria de la firma involucrada se describen a continuación:

Objeciones administrativas por el rol de la Jefatura de Gabinete en la adjudicación

El eje de la controversia que analizan los asesores jurídicos de la oposición radica en la asimetría regulatoria y el presunto conflicto de intereses en el que incurriría el portavoz gubernamental. Conforme al régimen de contrataciones de la administración pública, la resolución definitiva del concurso y la posterior firma del decreto de adjudicación del predio de Villa Martelli se encuentran bajo la órbita de competencias exclusivas y excluyentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La existencia de un vínculo comercial directo y simultáneo entre un oferente de un contrato público masivo y el entorno familiar directo de la autoridad jerárquica encargada de convalidar el dictamen de evaluación de las ofertas activó las alarmas de los organismos de control ético y transparencia institucional.

Magnitud del activo en disputa y los consorcios competidores

La licitación pública para la administración de las más de 50 hectáreas del complejo Tecnópolis constituye uno de los procesos de privatización periférica y explotación comercial más significativos del actual período de gobierno, proyectándose un flujo de negocios estimado en 180.000 millones de pesos a lo largo de las tres décadas de vigencia del contrato.

Foggia Group compite de forma directa por la adjudicación del espacio de espectáculos y eventos masivos contra una unidad transitoria de empresas (UTE) vinculada al conglomerado de medios del diario La Nación, escenario de paridad técnica que presagia una virtual judicialización del trámite administrativo en caso de registrarse impugnaciones cruzadas en las mesas de entrada ministeriales.

Modificaciones societarias y vínculos con el organigrama oficial

La firma Foggia Group posee antecedentes de vinculación societaria con la actual estructura del Poder Ejecutivo Nacional. Las auditorías del pliego señalan que hasta los meses finales del año 2023, la composición accionaria de la empresa incluía la participación formal de Mara Gorini, funcionaria que se desempeña actualmente como secretaria de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Gorini transfirió sus cuotas partes accionarias a miembros directos de su núcleo familiar previo a su designación en la función pública.

Hacia fines del ejercicio 2025, la estructura de gobernanza de Foggia Group experimentó una reconfiguración de fondo tras el ingreso del grupo inversor de la familia Werthein —propietarios de la operadora de televisión satelital DirecTV—, bloque que asumió el control operativo del consorcio e introdujo cuadros gerenciales de su confianza en los puestos de decisión para liderar la estrategia de expansión corporativa en el rubro del entretenimiento y las telecomunicaciones.