La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expuso un crítico panorama sectorial ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la reunión informativa, la conducción sindical denunció la pérdida de 91.000 puestos de trabajo registrados en la industria desde el inicio de la gestión del gobierno libertario, señalando que más de la mitad de esas bajas corresponden de forma directa a la parálisis de los proyectos de infraestructura habitacional.
El debate legislativo estuvo presidido por el diputado Itai Hagman y contó con la participación de cámaras empresariales, institutos provinciales de vivienda y especialistas técnicos. El eje del encuentro se concentró en auditar el impacto del freno a la inversión pública, el desmantelamiento de los programas de vivienda social y la situación de los planes PROCREAR. Asimismo, las autoridades provinciales advirtieron que ante el retiro del financiamiento estatal, el mercado privado no cubre de forma automática la demanda habitacional de los sectores de menores ingresos.
El impacto en la mano de obra y las propuestas del sector
El encuentro en la Cámara Baja dejó en evidencia la compleja situación laboral y de acceso al mercado inmobiliario:
- Impacto en vivienda social: De los 91.000 puestos formales perdidos, entre 35.000 y 50.000 corresponden a trabajadores dedicados a la construcción de viviendas, afectando principalmente al sector de vivienda social que es mano de obra intensiva.
- Falta de formación y datos: Desde la Fundación UOCRA alertaron sobre la ausencia total de políticas estatales de formación para los obreros desocupados y solicitaron unificar datos oficiales sobre la ejecución de los planes habitacionales.
- El acceso como un lujo: Representantes empresarios de la FIIC advirtieron que el fuerte incremento del costo en dólares del metro cuadrado bloqueó el desarrollo privado, concluyendo que el acceso a la vivienda se convirtió en un lujo.
- Pedido de Ley Federal: El Consejo Nacional de la Vivienda propuso el diseño urgente de una Ley Nacional de Vivienda para articular financiamiento conjunto entre provincias, comunas, bancos y el sector privado a fin de reducir el déficit habitacional.