El exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó alcanzado por una medida de restricción perimetral aduanera que le prohíbe abandonar el territorio de la República Argentina sin contar con un permiso expreso emitido por las autoridades judiciales. La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, en el marco del expediente penal que instruye las sospechas en torno a la evolución patrimonial del exvocero del Poder Ejecutivo, extendiendo además la interdicción de salida a miembros de su núcleo familiar directo.
La disposición judicial se fundamentó en la necesidad de aplicar una tutela preventiva para resguardar el proceso, asegurando la comparecencia obligatoria del exfuncionario ante las citaciones de los estrados federales y evitando cualquier maniobra que pudiera entorpecer la recolección de pruebas materiales. El dictamen surge pocos días después de que Adorni formalizara su renuncia al cargo ministerial, un alejamiento que se concretó en un contexto de turbulencias internas dentro del gabinete de Javier Milei y objeciones públicas sobre el origen de sus bienes.
Bienes bajo la lupa de los peritos y diferencias en las declaraciones
Los equipos forenses analizan los movimientos contables e inmobiliarios del exjefe de ministros para determinar su consistencia con las remuneraciones oficiales percibidas:
- Los investigadores judiciales centran el examen de las cuentas en la compra de diversas propiedades inmuebles y el financiamiento de una serie de viajes al extranjero que no coincidirían con el flujo habitual de ingresos declarados.
- El juzgado detectó que parte de los bienes analizados fueron incorporados por el exfuncionario en sus rectificaciones patrimionales con posterioridad a que las sospechas y las presentaciones opositoras tomaran estado público.
- La causa incorporó como elementos probatorios los registros de flujo migratorio suministrados por la Dirección Nacional de Migraciones, extractos de transferencias bancarias y los informes dominiales de propiedad del automotor y de inmuebles.
Segunda investigación penal por sospechas de tráfico de influencias
La situación procesal del exvocero gubernamental se complejiza ante la tramitación paralela de otra denuncia vinculada a la función pública:
- El segundo expediente en curso investiga un supuesto esquema de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, enfocado en el otorgamiento de contratos y pautas comerciales dentro de las grillas de la televisión pública.
- Los peritos federales auditan las adjudicaciones directas y los contratos de consultoría firmados entre diferentes dependencias centralizadas del Estado y una empresa consultora cuya titularidad corresponde a la esposa de Adorni.
- La Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y comercial de las firmas vinculadas al entorno del exfuncionario con el propósito de clarificar los nexos contractuales y determinar la existencia de desvíos de fondos públicos hacia el sector privado.