La Mesa Sindical, un conglomerado que nuclea a decenas de organizaciones gremiales y federaciones de trabajadores de la actividad pública y privada, emitió un documento crítico en respuesta al índice de inflación del 2,1% correspondiente al mes de mayo publicado por el Poder Ejecutivo nacional. A través del documento titulado “Menos IA (Inflación Artificial) más SOS (Salario, Osadía, Soluciones)”, la dirigencia sindical impugnó la consistencia metodológica de las estadísticas oficiales, contraponiendo la evolución de los costos de la canasta básica y exigiendo una compensación de ingresos para los sectores activos y pasivos.
Las variables macroeconómicas denunciadas, las objeciones a los rubros medidos y el llamado a la acción colectiva se detallan a continuación:
Cuestionamiento a las estadísticas de precios y balance acumulado La conducción sindical expuso que las cifras oficiales se distancian del impacto real que la evolución de precios proyecta sobre los sectores de menores recursos, recordando que el índice de inflación acumuló un alza del 14,7% durante el período comprendido entre enero y mayo. Según el pronunciamiento gremial, el esquema de medición estatal desestima variables de consumo cotidianas en un contexto signado por la contracción de la actividad comercial, el cierre de unidades productivas, el incremento de las tasas de desocupación y el rezago sistemático de las remuneraciones y los haberes previsionales.
Alzas en rubros regulados y denuncias sobre la conducta fiscal de los funcionarios La declaración de la Mesa Sindical puso el foco en que, aun dentro del esquema estadístico oficial, los componentes de mayor incidencia social registraron subas por encima del promedio general. Entre estos rubros esenciales se enumeraron Alimentos y bebidas, vivienda, servicios de red (luz, gas y agua), combustibles, salud, educación y telecomunicaciones. Bajo el apartado interpretativo “Violencia es mentir”, el texto advirtió sobre los riesgos institucionales que genera la pérdida de confianza de la población económica activa en los indicadores públicos, asociando la situación a las recientes controversias judiciales por activos financieros y declaraciones patrimoniales que involucran a miembros del gabinete central.
Demanda de reparación de ingresos y nómina de las organizaciones adherentes Ante el escenario de pérdida de poder adquisitivo, el documento estimó en un 30% la recomposición necesaria para reparar el desfasaje salarial provocado por el desalineamiento de las variables macroeconómicas. Los secretarios generales de las entidades firmantes realizaron una convocatoria para articular una estrategia de reclamo unificada que supere los esquemas de negociación por rama o sector, manifestando el rechazo a la fijación de topes a la baja en las paritarias.
La declaración sectorial contó con el respaldo y la firma de las siguientes representaciones sindicales del territorio nacional:
- Estructuras estatales, docentes y de la salud: ATE, CTERA, SUTEF, SECH, FJA, AJB, FESPROSA, CICOP, FESINTRAS, Asociación de Médicos Municipales (AMM), AMAP y la Federación de Profesionales del GCABA.
- Sectores industriales, de transporte y servicios: FTCIODyARA (Aceiteros y Desmotadores), Federación Gráfica Bonaerense, Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Trabajadores Químicos de San Lorenzo (SPIQyA SL), SOERM, APLA, ATEPSA, SICONARA, AGTSyP, ASSRA, FESTRAM, FEPEVINA, ADEF y ABP Buzos.
- Ramas de energía, gas y telecomunicaciones: APJ GAS, STIGAS (seccionales La Plata, Neuquén-Río Negro y CABA-GBA), APSEE, FETERA, Luz y Fuerza (La Pampa, Mar del Plata y Zárate), OTECH, APCNEAN, ATE CNEA, CEPETEL y APSAI.
- Entidades financieras, tecnológicas y de medios: APJBO, UPJ Banco Provincia, ASIJEMIN, SOEPU, APDFA, SUTEPA, UTI, APJ Televisión Pública, SIPREBA, Sindicato de Prensa de Rosario y FAGDUT.