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En menos de diez días, degradaron el museo y echaron a su directora. Cúneo Libarona quiere instalar a los fiscales en uno de los edificios y seguir loteando el predio para darle una nueva impronta.

El espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) está hace tiempo en la mira del Gobierno. En las últimas dos semanas, la gestión de Javier Milei redobló su ofensiva. En menos de diez días, degradó el Museo Sitio de Memoria ESMA, reconocido como patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y echó a su directora ejecutiva. Ante esta avanzada, distintas querellas fueron a pedirle al Poder Judicial que preserve el lugar ante lo que se intuye como una crónica de una destrucción anunciada.

El 21 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni anunció que el Gobierno había decidido que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pasara a ser una subsecretaría. La decisión traería aparejada una nueva ola de despidos. Un rato después de la conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, avisó que también haría cambios en el Museo de la ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) – que tiene más de 5 kilómetros lineales de documentación y resguarda toda la información reunida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

El 22 de mayo se publicaron los decretos correspondientes. La degradación del Museo se oficializó justo el día en que estaba convocado el acto para conmemorar los diez años de su creación. No pareció una casualidad. Ni Cúneo Libarona ni su amigo Alberto Baños, a cargo de la política de derechos humanos, fueron a la conmemoración.

Durante la ceremonia, la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito, habló de promesas incumplidas. Mencionó que, al comienzo de la gestión libertaria, había 42 trabajadores y que, en ese momento, quedaban 28. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contabilizaba diez despidos hasta marzo: dos en comunicación, uno en conservación, dos en producción museográfica y contenidos, uno en mantenimiento y cuatro referentes de sala –encargados de hacer las visitas guiadas. Deben sumarse también los casos de quienes se jubilaron o renunciaron ante los recortes de salarios.

El Museo ya no será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos –ahora subsecretaría–, como lo fue desde que lo creó Cristina Fernández de Kirchner. Pasará a ser una unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Baños es el presidente del consejo de administración del CIPDH. Como tal, el 29 de mayo pasado, firmó una disposición designando a Ana Belén Mármora como titular del organismo. Dice en el documento que contó con los buenos augurios de Ernesto Fernández Polcouch, director regional de la UNESCO.

Mármora estudió Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA) y periodismo en Taller Escuela Agencia (TEA). Tiene una diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral, ligada históricamente al Opus Dei. Sus mayores credenciales no vienen de lo académico, sino de su militancia antiderechos. Comenzó su activismo para oponerse al matrimonio igualitario y se radicalizó en su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. En una entrevista, se confesó muy contrariada por su actividad pública, ya que ella piensa que la mujer tiene un rol en su casa criando a sus hijos.

Mármora militó en el Frente Joven, un grupo ultracatólico. Está casada con Agustín “Chino” Caulo, número dos de Nahuel Sotelo en la Secretaría de Culto y Civilización. Sotelo es quien motoriza un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que las acciones de los grupos político-militares sean consideradas crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Es una equiparación con lo hecho por el aparato estatal, que puso en marcha un sistema de desaparición y muerte durante los años ‘70 y ‘80. Sotelo escribió un libro llamado Cartas de los ‘70, donde propone contar “el dolor de la otra parte”.

El miércoles, Mármora recibió a Gorosito en sus oficinas y la echó. Ni siquiera lo hizo Baños. Según trascendió, la nueva titular del CIPDH tiene previsto designar a una persona en el Museo en los próximos días. No se sabe con qué cargo, ya que el Gobierno eliminó la dirección ejecutiva. Los trabajadores esperaron que Mármora fuera a recorrer el Museo y el ANM, pero no apareció.

Hay mucha preocupación entre sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. El guión del Museo se construyó en base a sentencias judiciales, únicamente posible por los testimonios que brindaron quienes estuvieron allí cautivos y pudieron salir con vida.

En la semana, el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, recibió un pedido de la abogada Sol Hourcade, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien le solicitó que les informe a Baños y a Mármora cuáles son las obligaciones que tienen frente al Museo. En 2018, el Juzgado había dicho en una resolución que “la actividad que allí se desarrolla lo convierte en un espacio destinado a crear memoria sobre los hechos acontecidos durante la dictadura cívico-militar; es un espacio que en sí mismo se ha convertido en testimonio”.

En enero, Lijo también le había encomendado a Baños asegurar la dotación de personal suficiente para mantener el sitio abierto y con el desarrollo de tareas de mantenimiento, investigación y coordinación pedagógica. Baños no garantizó lo que debía, le advirtieron al juez los abogados Flavia Fernández Brozzi y Rodolfo Yanzón, de la querella Kaos.

De hecho, Fernández Brozzi y Yanzón sostuvieron que Baños faltó a la verdad cuando le informó a Lijo que la reducción de personal no había entorpecido el funcionamiento de los sitios de memoria. El Museo, sin ir más lejos, debió cerrar dos días porque no tenía los guías suficientes para atender los pedidos de visitas. Por mes, unas 2100 personas recorren lo que fue el casino de oficiales, el lugar donde se estima que hubo 5000 personas secuestradas en el período 1976-1983.

Lo que sucede en el Museo no es un hecho aislado, puntualizaron los abogados de Kaos. “Esta decisión se da como parte de una política generalizada de vaciamiento de la exSecretaría de Derechos Humanos a través de la reducción del presupuesto asignado al organismo y los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras”, señalaron.

Todo indica que el Gobierno busca cambiar el sentido de lo que se transmite en la exESMA. El jueves, salió publicada en el Boletín Oficial la resolución a través de la cual Cúneo Libarona cede uno de los edificios para los fiscales de Comodoro Py y de Penal Económico, que desde el 11 de agosto deberán implementar el sistema acusatorio. Página/12 consultó en la Procuración si habían contestado a la imposición del Gobierno. Todavía no salió respuesta alguna, aunque los fiscales no esconden su encono. Tanto la querella Kaos como la legisladora Victoria Montenegro le pidieron a Lijo que no permita la cesión.

Baños tiene otros planes. Quiere sacar la subsecretaría de Derechos Humanos de la exESMA y ceder el edificio que ocupa a la Procuración, a la Defensoría General o al Consejo de la Magistratura. Fue el jueves con esa propuesta a una reunión con los organismos y la Ciudad, que integran el ente tripartito que administra el predio de Avenida del Libertador al 8100. Los organismos le contestaron que sin un proyecto detallado no iban a discutir ninguna cesión de uso.

Fuente: pagina12.com.ar