Habiendo negado los argumentos presentados por los abogados de la Vicepresidenta, queda en manos de la Cámara Federal la decisión de su permanencia o desafección de la causa.

   

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este martes los argumentos de Cristina Fernández de Kirchner, que había pedido que se aparte de la investigación sobre el intento de asesinato en Recoleta por su “inacción” en el caso.

Ahora será la Sala I de la Cámara Federal porteña la que resuelva si Capuchetti continúa frente a la investigación o si le da la razón a la Vicepresidenta y ordena su apartamiento.

Mientras el fiscal Diego Luciani hablaba en el juicio por la causa Vialidad, la vicepresidenta tuiteó: “Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel”.

Los letrados de la querella alegaron que hubo un “cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, además de “actuaciones, como mínimo, negligentes” por parte de Capuchetti.

En el escrito de 37 páginas presentado, se acusó a la jueza de “falta de imparcialidad”: “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”.

“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”, manifestaron en la recusación.

“La investigación, sus irregularidades y sus arbitrariedades”

Uno de los argumentos respecto a las irregularidades en la investigación tiene que ver con el celular de Sabag Montiel. “Cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto”, manifestaron y resaltaron que lo más grave fue que estaba “reseteado a cero”.

Ante esto, remarcaron que “nunca se supo que pasó” y que “el juzgado no hizo nada por aclararlo”. También señalaron la tardanza en la intervención en el teléfono de Uliarte y la demora en su detención.

Asimismo, criticaron la investigación sobre la custodia vicepresidencial y la falta de análisis sobre la Policía Federal. “Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción”, señalaron.

Ubeira y Aldazábal cuestionaron los informes que la magistrada enviaba a la prensa y la acusaron de filtrar información valiosa para la investigación.

También avanzaron sobre la pista que vinculaba a Hernán Carroll, de la Nueva Centro Derecha, con los detenidos y luego sobre la punta “Casablanca” con el diputado del PRO Gerardo Milman como un sospechoso: “Recién cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, y otra vez ante una filtración en la causa, Capuchetti no tuvo otra alternativa que actuar. Fue entonces cuando llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad. A la jueza no le importó que le mientan en la cara”.

Según los abogados, “había una multiplicidad de elementos que apuntaban a Milman, y no solo el testimonio de (José) Abello -el asesor que dijo haber oído a Milman diciendo ‘cuando la maten voy a estar en viaje a la costa’, dos días antes del atentado-. Es relevante notar que lo que esta parte pidió fue, simplemente, el secuestro de los celulares de sus asesoras; no una detención, ni una indagatoria. Solo pedimos que se investigue. Pero no. Parece que en los procesos penales la certeza ya no es necesaria para la condena, sino para llevar a cabo la más mínima medida de prueba”.

Además, acusaron a la jueza de “mentir” al decir que no se había fundado el pedido de esa parte y cuestionó que por una presentación de Milman se abriera una causa para investigar por falso testimonio a Abello.

La línea vinculada con el financiamiento fue otro punto señalado. Para la querella, hay una posibilidad que el intento de magnicidio haya estado financiado.

Para finalizar el escrito, se posaron sobre el perfil de la Capuchetti: “Así, en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Como si esto fuera poco, el trabajo de la Comisión Bicameral de Inteligencia mostró que la hermana de Capuchetti trabajó en escuchas en la dirección de Contrainteligencia durante el espionaje ilegal al kirchnerismo”, siguieron.

En el final, indicaron: “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo. Ante las pruebas presentadas por esta parte, la jueza o no actúa, o actúa tarde”.

Para los abogados, “nunca reclamó los refuerzos de personal que la Corte no le dio, con el argumento de que su juzgado podía afrontar la investigación” y expresaron que “así, es imposible seguir”. “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, concluyeron.