La administración libertaria ha desmantelado y subejecutado programas cruciales

El gobierno de Javier Milei ha aplicado una drástica «motosierra» a las partidas ambientales, con ajustes que oscilan entre el 34% y el 81% en 2024. En lo que va de 2025, un año marcado por incendios devastadores en el sur y temporales trágicos en Bahía Blanca, la administración libertaria ha desmantelado y subejecutado programas cruciales. Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), basado en datos oficiales y anticipado por Matías Cena Trebucq a El Destape, revela un recorte del 79,4% en términos reales en la Subsecretaría de Ambiente durante 2024, operando con menos de una cuarta parte de los fondos de 2023.

Uno de los programas más afectados es el de “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos”, que sufrió una reducción alarmante del 99,96% en términos reales. «Había plata y eligen no usarla. Recién lo hicieron cuando todo se volvió mediático», denunció Cena Trebucq. El informe detallado de la FARN sobre el desfinanciamiento de la Secretaría de Ambiente de la Nación se publicará este jueves.

La falta de inversión y prevención en áreas clave como el cuidado de bosques y las obras de adaptación climática ha dejado al Estado con escasas herramientas para prevenir y enfrentar desastres naturales, según la FARN. «El superávit se genera a partir de no ejecutar cosas que deberían estar realizándose y que tiene un impacto directo en la calidad de vida», alertó Cena Trebucq, señalando la subejecución como un factor agravante.

Las consecuencias de esta falta de previsión se hicieron evidentes en los recientes incendios en la Patagonia y Corrientes, que causaron pérdidas humanas y materiales significativas, y en las trágicas inundaciones en Bahía Blanca, que dejaron 17 víctimas fatales y graves destrozos. La FARN advierte que estos desastres «evidencian la necesidad urgente de adaptar nuestras ciudades al cambio climático para evitar nuevas pérdidas económicas y humanas irreparables».

Paradójicamente, mientras el gobierno niega el cambio climático, busca avanzar en la fusión del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Trabajadores del SMN denuncian que ya hoy no cuentan con los insumos básicos para su labor diaria, como termómetros, y que el arreglo de radares meteorológicos está paralizado por falta de fondos. Silvina Romano, delegada de ATE en el SMN, alertó sobre la pérdida de personal calificado debido a despidos y renuncias, lo que dificulta aún más la operatividad del servicio.

La política de ajuste también se reflejó en la disolución de la Dirección Nacional de Emergencias días antes de la tormenta en Bahía Blanca, despidiendo o poniendo a disponibilidad a 485 empleados. Si bien se destinaron 10 mil millones de pesos de los Aportes del Tesoro Nacional para la reconstrucción en Bahía Blanca, la FARN advierte que el Gobierno está reteniendo más de $792.373 millones del Fondo ATN, que deberían ser distribuidos a las provincias para la atención de emergencias.

En medio de este panorama crítico, el Ministerio de Defensa presentó una propuesta para fusionar el SMN y el IGN, a pesar de las funciones diametralmente diferentes que cumplen ambos organismos. Trabajadores del SMN denuncian la falta de recursos básicos, mientras que el presidente del IGN, Jorge Machuca, advirtió que «en ningún país del mundo el SMN y el IGN están fusionados», y que la fusión implicaría desconocer el perfil y el equipamiento específico de cada institución.

Las políticas de ajuste en el área ambiental y la controversia por la posible fusión de organismos clave, generan preocupación sobre la capacidad del Estado para prevenir y mitigar los efectos de futuros desastres naturales, en un contexto global de creciente crisis climática.