La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y representantes de diferentes cámaras y entidades de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina formalizaron un acuerdo estratégico para coordinar acciones gremiales, políticas y judiciales. El objetivo del entendimiento es frenar la pérdida de puestos de empleo y la contracción de la actividad industrial interna. Durante el encuentro institucional, los dirigentes evaluaron el impacto de la crisis económica actual y reportaron el cese de operaciones de unas 27.000 empresas de pequeña escala junto a la supresión de más de 300.000 puestos de trabajo en el sector público y privado.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, defendió la convergencia con los sectores comerciales independientes y los fabricantes fabriles de capital nacional, argumentando la necesidad de articular medidas de fuerza unificadas para detener la afectación de los sectores productivos provocada por los lineamientos del Gobierno central. Las partes manifestaron que el esquema de lucha conjunta abarcará desde la presentación coordinada de recursos de amparo en los tribunales federales hasta la gestión de proyectos legislativos ante el Congreso de la Nación, convocando de forma paralela a un frente que integre a organizaciones de usuarios y consumidores.
Las delegaciones presentes manifestaron su respaldo explícito al funcionamiento orgánico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), manifestando su preocupación ante las modificaciones reglamentarias vigentes desde el 1 de julio. El sector advirtió sobre las consecuencias del retiro de los organismos de control estatal de las funciones de metrología legal, un área dedicada a certificar los parámetros de equipos de alcoholímetros, balanzas de uso comercial, cinemómetros de fotomultas, surtidores de combustibles líquidos y la cadena de seguridad de insumos farmacológicos esenciales. Del debate participaron autoridades de entidades como la Confederación General Económica, APYME, la Fundación ProTejer, la agrupación PyMESUR y la Cámara de la Industria del Pescado.