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Le pidió a la ministra un informe sobre los integrantes de su cartera que intervinieron en tareas vinculadas y posteriores al ataque, ocurrido hace más de dos años y medio.

En su plan de modificar el foco de la investigación sobre la autoría intelectual del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora tenía como eje el papel del diputado del PRO Gerardo Milman, la jueza María Eugenia Capuchetti le pidió una ayudita a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A dos años y ocho meses del atentado, le encomendó elaborar un informe que especifique la «totalidad de los funcionarios, empelados y/o miembros de dicha cartera, que se abocaron a tareas operativas y/o administrativas vinculadas y posteriores» al ataque a CFK. Bullrich no es una persona ajena a la trama que se investiga, o que debería investigarse: en sus oficinas en Avenida de Mayo 953 fueron borrados los celulares de las dos asesoras que estaban con Milman –y no se descarta que el suyo también– cuando un testigo lo escuchó decir «cuando la maten yo estoy camino a la costa», dos días antes de que Fernando Sabag Montiel intentara matar a la entonces vicepresidenta, el 1 de septiembre de 2022. 

Jueza en problemas

Capuchetti reasumió la investigación, que hace algo más de dos años le había delegado al fiscal Carlos Rívolo, a comienzos de abril. La decisión fue sorpresiva, pero coincidió con un momento en que un grupo de testigos –incluyendo a su custodia– la dejaron muy mal parada en el juicio oral contra los acusados como autores materiales del intento de magnicidio, al exponer las irregularidades que hubo desde el comienzo de la causa, y en especial el daño al celular del principal implicado. La magistrada dijo que recuperaba el control de la pesquisa porque la fiscalía no había hecho avances significativos y porque quería darle «un nuevo enfoque» al caso, que consiste en apuntar específicamente a la Policía Federal (PFA), que en rigor ya fue investigada. 

Este miércoles, en una nueva audiencia del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), a la magistrada no le fue mucho mejor. Uno de los testigos, el comisionado general retirado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Emilio Lencina, que participó en la investigación y entregaba informes al juzgado, relató que había armado un cuadro que mostraba contactos relevantes (de Instagram, Facebook y otras redes) de Sabag Montiel y en especial de su novia Brenda Uliarte (también acusada) con Crónica TV, con El Presto –Miguel Prestofelippo, un influencer libertario–, y con el grupo violento Revolución Federal. Sin embargo, cuando se lo quiso entregar a un secretario de Capuchetti, éste se lo rechazó, le dijo que no lo pusiera en el informe, con el argumento de que no era parte del objeto de investigación. 

La jueza, como es conocido, nunca quiso juntar su investigación con la que atañe a ese grupo de ultraderecha, que hacía acciones agresivas en las calles y algunos de cuyos miembros hablaban de matar a CFK, además de recibir dinero del Grupo Caputo. Lencina dijo que la primera vez que pidió allanar al tercer acusado, Gabriel Carrizo, también le dijeron que no. Lo hicieron después con otros procedimientos. 

Sintonía con Milman 

A la jueza, evidentemente, no le interesa ahondar en la llamada «pista Milman», que está inconclusa ni quiere dilucidar por qué el diputado y sus secretarias fueron a vaciar sus celulares a la oficina de Bullrich con ayuda de un perito, que sería Jorge Teodoro, actual funcionario del Ministerio de Seguridad. Lo que sucede es que ese procedimiento se pudo realizar porque cuando ambas mujeres fueron a declarar la jueza no quiso secuestrarles los teléfonos pese a que habían mentido y se contradecían entre ellas. Eso les dio tiempo hasta diciembre de 2022. Una de ellas, testificó tiempo después, que en realidad no fue a la oficina de Avenida de Mayo (donde está el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Seguridad Pública, de Bullirch) por su propia voluntad sino porque la llevaron para vaciar su aparato. Dijo que también fue «manipulado» el de Milman. Pero este ni otros aparatos del diputado se llegaron a analizar jamás.  

En la declaración en el juicio de este miércoles, Lencina también dijo algo sobre este asunto: «nosotros consideramos que los teléfonos en relación a otra parte de la investigación relacionada con un diputado y las dos empleadas, sus secretarias, fue pedir el secuestro de los teléfonos y me dijo que no». 

Lo que revela la obsesión de Capuchetti con la pista policial, es su aparente sintonía con Milman. El legislador, que era jefe de campaña de Bullrich, fue quien ya apuntó a la Policía Federal en varios momentos: lo hizo antes del atentado cuando pedía informes sobre la custodia de CFK, en los días en que transcurría el juicio conocido como Vialidad, en incluso en un proyecto de resolución dijo «no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre…». Cuando la jueza reasumió la investigación, Milman volvió a hablar públicamente del atentado después de callar durante mucho tiempo. En una entrevista con Mdz dijo: «No quiero spoilear a la jueza (…) pero creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días». «Pronto se sabrá quien le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel», anunció. Describió el ataque a la expresidenta como un «entre comillas (sic)» «atentado». 

Apunten a la Federal 

Es un enigma qué es exactamente lo que busca la jueza. No lo entienden ni la fiscalía ni las querellas. ¿Abonar la teoría absurda de un autoatentado harto repetida por detractores de la expresidenta? ¿Decir que la Policía Federal de esa época al mando de Aníbal Fernández estaba involucrada en algo? ¿Salvar a Milman? ¿De todo un poco? ¿O simplemente dar un manotazo de ahogado con una especie de advertencia sobre algo de lo que sería capaz en un caso tan sensible? ¿O nada? 

Lo concreto es que, días atrás, juntó el legajo donde se investigaba a Milman con la causa donde se había juntado información no solo sobre la Federal sino también sobre la Policía de la Ciudad. Milman desapareció del nombre de la carátula. Quedó insólitamente el del nombre de una mujer que había sido mencionada en un llamado anónimo en los primeros días de la causa, que nada tenía que ver con nada. Luego lo cambió de nuevo por «NN». Respecto de las policías, se investigó a la custodia y a todo el personal que cumplió funciones en las inmediaciones de la vivienda de CFK en los días previos, durante y posteriores al atentado. Se hicieron entrecruzamientos de celulares, con los imputados y también con Revolución Federal, y se hicieron escuchas. No surgió de ahí ningún resultado relevante. 

Lo que está utilizando la jueza para volver a introducir algo sobre la Federal y/o el Ministerio, es un sumario administrativo contra dos agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista que estaban como consigna frente a una casa en Barracas donde se reunían los llamados «copitos» y donde se suponía que estaba Uliarte en los días posteriores al intento de magnicidio. Cuando la chica, en efecto, salio de allí enfundada en un gorro y ropa hasta la nariz, pasó por delante de los policías en cuestión, que no la detuvieron aunque ya tenían orden de apresarla. En el sumario administrativo fueron responsabilizados y castigados con cinco días de arresto. La jueza citó a declaración testimonial a los policías que llevaron adelante el sumario. Lo que quedó a la vista el viernes pasado es que se trataba de una puerta de entrada más que cómoda para los abogados de Milman, que asistieron a la primera declaración. 

Como informó Página/12 en la primera declaración de una de las agentes el viernes último, la mujer dijo que había estado solo diez días reemplazando a un compañero, no recordaba demasiado. Pese a los intentos de los defensores de Milman, no acusó a nadie y dijo que tampoco fue presionada para que el sumario dijera una u otra cosa. El fiscal Rívolo, visiblemente enojado con ellos, les dijo al final de la audiencia y fente a tanta maniobra: «Ya que ustedes saben quién le puso el arma en las manos a Sabag Montiel ¿Por qué no vienen y lo dicen acá, así no nos enteramos por los diarios?».

Esta semana hubo dos declaraciones más. Por un lado, una comisaria que explicó que estuvo pocos días con el sumario y contó que había sido custodia –casualmente– de Bullrich. Los defensores de Milman aprovecharon para preguntarle cómo deben actuar las custodias y la mujer dijo que no podía opinar sobre la de CFK. El abogado de la expresidenta, Marcos Aldazabal, se quejó por las preguntas, que no estaban relacionadas con el sumario. Dijo que si querían investigar algo al respecto que llamaran a gente idónea. La fiscalía adhirió. La jueza sostuvo que podían seguir preguntando lo que quisieran. Luego declaró un comisario que sostuvo que todo lo que tenía para decir estaban en el sumario, y que había pasado tanto tiempo que no recordaba detalles. Ambos negaron haber sido presionados respecto de qué decir en las actuaciones. 

Los abogados de CFK pidieron que la defensa de Milman no participe más en este tramo inventado de la causa y la jueza lo rechazó automáticamente. 

Fuente: pagina12.com.ar