El DNU modifica la Ley 26.743 de Identidad de Género, que habilitaba a los menores de edad a acceder a bloqueos hormonales y tratamientos de hormonización. Mirá el informe completo en la nota.
Cuatro adolescentes trans de Buenos Aires presentaron una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que prohíbe los tratamientos hormonales para menores de 18 años. La demanda fue presentada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre, con el objetivo de obtener una medida cautelar que les permita continuar con sus tratamientos.
El decreto y su impacto
El DNU modifica la Ley 26.743 de Identidad de Género, que habilitaba a los menores de edad a acceder a bloqueos hormonales y tratamientos de hormonización. Ahora, los médicos tienen prohibido prescribir estas terapias a adolescentes trans, lo que ha generado una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Desde 100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) consideraron que se trata de «un retroceso inadmisible» y que la medida viola principios constitucionales y tratados internacionales que garantizan el derecho a la identidad de género y la no discriminación.
Argumentos contra el DNU
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien patrocinó la demanda, sostuvo que el decreto es inconstitucional porque usurpa funciones del Congreso y conculca derechos fundamentales.
«El DNU 62/2025 no cumple con los requisitos de habilitación previstos por la Constitución argentina. Además, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, afectando a un grupo vulnerable con protección especial», explicó.
Por su parte, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre los riesgos físicos y psicológicos que puede generar la interrupción abrupta de tratamientos hormonales. En un comunicado, la entidad médica afirmó:
«El acceso a tratamientos hormonales es parte de un enfoque de salud integral. Su interrupción puede derivar en graves consecuencias, como depresión severa, angustia y aumento del riesgo de suicidio.»
Reclamos de organizaciones y familias
El Frente Nacional Orgullo y Lucha, que respalda la demanda de los adolescentes, advirtió que presentarán más acciones judiciales en otras provincias para frenar la aplicación del decreto.
Desde la Asociación Civil Agrupación de Familias de Niñes y Adolescentes TTNB Munay, Natalia Bertazzoli expresó:
«No podemos permitir este retroceso en derechos humanos. Nuestres hijes tienen derecho a continuar con sus tratamientos, y lucharemos para garantizar su acceso a la salud y al trato digno.»
Por su parte, Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, señaló que el decreto es una medida «arbitraria» que atenta contra la autonomía de las personas trans y sus familias:
«Confiamos en que la Justicia garantice el derecho de vivir y decidir libremente sobre el propio cuerpo. Este decreto es una intromisión injustificada del Estado en la vida de adolescentes que solo buscan vivir en paz.»
Esperan una respuesta de la Justicia
Los demandantes esperan una resolución favorable y rápida, que les permita continuar con sus tratamientos sin interrupciones. Organismos de derechos humanos y especialistas en infancia y género advierten que, de no revertirse esta medida, se pondrá en riesgo la salud y el bienestar de cientos de adolescentes trans en todo el país.
Con información de Clarín.