Una investigación de la Justicia Federal reveló una red de favores y complicidades que se extendían más allá de los muros de los penales.

El desmantelamiento de una organización narcocriminal vinculada a la banda de Los Monoshace dos años, aunque representó un golpe significativo, no marcó el fin de las actividades delictivas en Rosario. Al contrario, reveló una rebuscada red de favores y complicidades que se extendían más allá de los muros de las cárceles.

A raíz de una investigación llevada a cabo por la Justicia Federal, en las últimas horas la Gendarmería realizó 21 allanamientos en Rosario, Corrientes, Misiones y la provincia de Buenos Aires. En estos operativos, detuvieron a 15 personas, entre ellas a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), acusado de filtrar información a bandas narco ligadas a Guille Cantero.

Según se desprende del expediente iniciado en 2022, Leandro “Pollo” Vinardi, un nombre resonante en el ámbito criminal y quien solía trabajar para Cantero cuando este fue detenido, seguía operando desde el penal de Ezeiza, donde actualmente cumple una condena de 13 años por el homicidio del narco Sergio Pared en Santa Fe.

Su estrategia era utilizar a un hombre de confianza fuera de prisión para mantener su control sobre el negocio del narcotráfico en la región, después de que cayera preso hace dos años. Ese hombre era Guillermo “Chupa” Sosa, un barrabrava de Newell’s que causó temor durante varios meses bajo el nombre de la banda “Los Gitanos”. Al poco tiempo, cayó preso por un asesinato.

Después de horas de vigilancia y a partir del secuestro de celulares de varios presos, la Justicia reveló un entramado que alcanzaba a diferentes esferas del poder y funcionarios judiciales. Detrás de la fachada de una organización criminal local con barras y gente del barrio, se encontraba una red de influencia que involucraba a ex policías, un agente de inteligencia y un fiscal provincial.

La investigación federal, liderada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), sacó a la luz una serie de conexiones. Uno de los nombres clave en esta red era Juan José Raffo, un expolicía y prófugo de la justicia que cumplió condena por asociación ilícita en la megacausa Los Monos.

Raffo, según las acusaciones, no solo brindaba asesoramiento a Chupa Sosa desde las sombras, sino que también proporcionaba protección y financiamiento a grupos delictivos, incluida la compra y venta de cocaína.

Pero la trama no terminaba ahí, sino que ahora quedó involucrado un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Según los fiscales, este agente no solo proporcionaba información privilegiada a Raffo sobre las investigaciones en curso, sino que también mantenía vínculos con el fiscal provincial Mariano Ríos Artacho.

Este último, suspendido recientemente por la Legislatura, se vio envuelto en la controversia después de que se descubriera su relación con Raffo y el presunto encubrimiento de actividades ilícitas.

Durante la sesión extraordinaria, el fiscal desacreditó las acusaciones y afirmó que su relación con el agente de la AFI era “puramente profesional” y que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas del agente ni de sus conexiones con otros miembros de la red criminal.

Ríos Artacho argumentó que su comunicación con el agente de la AFI se limitaba a “cuestiones laborales relacionadas con la seguridad y el orden público”, y que cualquier información proporcionada por el agente fue utilizada en el curso normal de sus deberes como fiscal provincial.

Además, Ríos Artacho habría intentado distanciarse de las acciones del agente de la AFI, afirmando que no estaba al tanto de sus actividades fuera de su papel oficial. También habría proporcionado documentación y testimonios que respaldaran su versión de los hechos, buscando así refutar las acusaciones en su contra. Sin embargo, a pesar de sus intentos de defensa, enfrentó una suspensión de 60 días.