|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Frente de Abogados Populares denunció las falsedades en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y reforzó el repudio al lawfare. El fallo de la Corte, cada vez más cerca.
En medio de la expectativa por el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, militantes, referentes del kirchnerismo y espacios vinculados a los derechos humanos lanzaron una fuerte campaña en redes bajo el título “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”. A través de una serie de placas gráficas difundidas en Instagram y otras plataformas, la iniciativa busca desmontar los principales argumentos que sustentaron el fallo condenatorio contra la ex presidenta.
Las imágenes enumeran una por una las supuestas “mentiras” sostenidas por la fiscalía y el tribunal, entre ellas la asignación de fondos ilegales, el uso arbitrario del presupuesto, la manipulación del Congreso, y la presunta connivencia con el empresario Lázaro Báez. Según los impulsores, todos estos puntos fueron refutados por testimonios, documentos oficiales y fallos previos. “No hay una sola prueba directa contra Cristina”, afirman.
Entre los datos destacados, se señala que ningún ex jefe de Gabinete declaró haber recibido órdenes de direccionar obras, que todos los DNU fueron validados por el Congreso y que las demoras en los trabajos viales fueron posteriores al cambio de gobierno en 2015. También desmienten que se hayan pagado sobreprecios millonarios o que existiera una red de funcionarios bajo las órdenes de la ex mandataria.
La campaña apunta no solo a cuestionar el proceso judicial, sino también a instalar un mensaje político: que el juicio es parte de una estrategia de proscripción y persecución política. “Es lawfare puro”, repiten desde los sectores que impulsan la defensa de Cristina. El momento elegido no es casual: hay expectativa de cómo la Corte Suprema deberá definir si ratifica o anula la sentencia, en un fallo que podría modificar el tablero político nacional.
Entre las falacias más graves, la campaña desmiente que Cristina haya dado órdenes para beneficiar a Lázaro Báez, que se hayan usado decretos para asignar recursos sin control parlamentario o que los legisladores hayan sido forzados a votar leyes de presupuesto. También se descartan irregularidades en las licitaciones, pagos de sobreprecios o demoras injustificadas en las obras, cuya paralización, remarcan, se produjo con el cambio de gobierno en 2015.
Los posteos citan testimonios de ex jefes de Gabinete, informes oficiales y fallos anteriores que desarticulan los argumentos de la fiscalía. Incluso algunas de las mentiras señaladas —como el supuesto viaje secreto de Cristina a Santa Cruz para reunirse con Báez— fueron desmentidas con datos públicos: ese día, la entonces presidenta encabezaba un acto transmitido en vivo desde Río Negro. La campaña también destaca que todas las normas utilizadas, como el fideicomiso vial, tenían vigencia previa a los gobiernos kirchneristas.
Fuente: politicargentina.com