El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que las próximas liquidaciones salariales correspondientes al mes de julio serán determinantes para verificar si el Gobierno nacional acata la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema. La resolución judicial ordena aplicar los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario para la recomposición de los haberes de docentes y nodocentes, así como la actualización de las becas estudiantiles.
Incertidumbre salarial y falta de diálogo
A pesar de que la cautelar confirmada a fines de junio dispone la aplicación inmediata de los incrementos presupuestarios, desde el sistema universitario señalaron que la Secretaría de Educación no precisó los criterios utilizados en la reciente liquidación. A esta situación se suma la interrupción de las instancias de diálogo entre las autoridades del Poder Ejecutivo y los rectores de las casas de altos estudios.
En el ámbito judicial, el diputado Esteban Paulón solicitó formalmente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, precisiones sobre el cumplimiento de la sentencia, sin obtener hasta el momento respuestas concretas sobre la implementación de la normativa.
Argumentos oficiales y pedido de habilitación de feria
Desde el Gobierno nacional sostienen que la plena ejecución de la ley permanece supeditada a los recursos que esperan obtener mediante proyectos legislativos impulsados en el Congreso, entre ellos el denominado «súper RIGI», la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y el régimen de blanqueo de capitales. Sin embargo, desde las universidades remarcaron que el acatamiento de la orden judicial no se encuentra sujeto al avance de tales iniciativas.
Ante el estancamiento de las negociaciones, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, solicitó la habilitación de la feria judicial para acelerar una definición sobre la cuestión de fondo y resolver el planteo de inconstitucionalidad de los decretos que condicionan la norma. Las autoridades universitarias anticiparon que evaluarán nuevas medidas judiciales y de protesta en caso de que las acreditaciones salariales no reflejen los ajustes ordenados por la Justicia.