El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) manifestó su firme rechazo a la nueva fase de la Red Federal de Concesiones promovida por el Gobierno nacional. Desde la organización conducida por Graciela Aleñá denunciaron que el modelo oficial prioriza la recaudación mediante el cobro de peajes por sobre la inversión real en infraestructura, profundizando el vaciamiento de Vialidad Nacional y la privatización del servicio.

Cuestionamientos al desfinanciamiento y alzas tarifarias

La conducción gremial advirtió que la mayor parte de los trazados a concesionar no contempla obras de ampliación ni planes integrales para mejorar la seguridad vial, limitando las tareas del sector privado a intervenciones básicas de mantenimiento como bacheo, desmalezamiento y señalización. Asimismo, señalaron que la falta de derivación de los fondos del impuesto a los combustibles hacia el organismo nacional genera un deterioro progresivo de la red y busca traspasar la responsabilidad del mantenimiento a las provincias.

Como ejemplo del impacto económico sobre los conductores, el sindicato objetó que la tarifa de peaje en el puente Rosario-Victoria pasará de $1.000 a $10.122,86, lo que derivará en un doble pago por parte de los usuarios a través de tributos e incrementos tarifarios.

Estado del proceso licitatorio y postura oficial

La posición del gremio se dio a conocer luego de que el Ministerio de Economía avanzara con la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa III del programa, la cual abarca más de 3.900 kilómetros divididos en ocho corredores nacionales sobre un plan global superior a los 9.000 kilómetros. Mientras desde la cartera económica sostienen que el esquema atraerá mayor inversión privada y eficiencia operativa a la red vial, la entidad sindical reiteró que la medida representa un abandono estatal de las responsabilidades sobre las rutas del país.