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Los agricultores familiares representan el 63% del total establecimientos rurales del país pero ocupan apenas el 13% de las tierras cultivables.

El desmantelamiento planificado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte de la administración Milei golpeará de lleno a los productores de la agricultura familiar, sujetos sociales y políticos claves para la producción de alimentos en todo el país. Una de las posibles estocadas del decreto que viene preparando Federico Sturzenegger, ministro de destrucción del Estado, apunta al Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF) con el desplazamiento de 200 trabajadores y trabajadoras.

En la Argentina existen cerca de 250.000 establecimiento agropecuarios de los cuales el 63,7% corresponde a la agricultura familiar, es decir, los responsables de producir alimentos a lo largo y ancho del país.

“Esta reestructuración no tiene un marco de planificación en torno a una propuesta de desarrollo rural, sino que es simplemente un conjunto de acciones ideológicas en torno de mostrar motosierras y de caminar hacia un mayor ajuste fiscal. Es decir, es una reestructuración que no está planteada en una perspectiva de un nuevo modelo de desarrollo rural”, sostuvo Diego Montón, dirigente del Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI Somos Tierra) y de la Mesa Nacional Agroalimentaria, en diálogo con El Destape.

La relevancia del territorio

El CIPAF es un órgano clave del INTA para el desarrollo de la agricultura familiar, uno de los sujetos agrarios más golpeados por el proceso de concentración económica que se vivió en el sector agropecuario a partir de la década de 1990.

Según los datos Censo Nacional de 2002, la agricultura familiar representaba un 66% de los establecimientos agropecuarios (EAP, con 258.000 unidades) totales y cubrían 23,5 millones de hectáreas. Esto representaba un 13,5% de la superficie total de las EAP.

El Censo de 2018 arrojó que el mismo sector llegaba a 158.946 establecimientos (63,7% del total de establecimientos). En el camino se perdieron casi 100.000 establecimientos de la agricultura familiar.

En la provincia de Buenos Aires existen 36.797 establecimientos agropecuarios, de los cuales el 48,9% (17.985) son de la agricultura familiar y trabajan codo a codo con el INTA. La extensión territorial de este tipo de establecimientos es clave para la producción de alimentos en todo el país.

En el caso de Catamarca, existen 8245 explotaciones de la agricultura familiar, el 81,5% del total de los establecimientos rurales de la provincia; mientras que en Chaco, las EAP de la agricultura familiar representan el 72,9% del total de establecimientos; en el caso de Formosa, equivalen al 76% y en Jujuy llegan al 84%.

“En términos absolutos, las provincias de Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fe concentran la mayor cantidad de pequeños productores a nivel nacional. Mientras que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y San Luis concentran la menor cantidad de pequeños productores”, puede leerse en el informe “Pequeños Productores en la Argentina Estudio preliminar en base al Censo Nacional Agropecuario 2018”, publicado en abril de este año.

En cuanto a la cantidad de tierras que ocupan los actores de la agricultura familiar, se observa una relación inversamente proporcional a la cantidad de establecimiento que ocupan. Si bien concentran el 63% de las EAP, en cuanto a la tierra apenas ocupan el 13,4% del área total de las explotaciones censadas en 2018.

“Esta es la imagen fehaciente de un sector mayoritario que produce en condiciones de escasez de recursos, abasteciendo principalmente al mercado interno de alimentos. Por lo tanto, esta situación nos permite dimensionar la necesidad de diseñar estrategias público-privadas que fortalezcan el futuro del sector productivo en particular, y, de este modo, garantizar una alimentación de calidad para la sociedad en general”, puede leerse en el informe citado.

La agricultura familiar también es clave en el manejo de la ganadería. De acuerdo al último relevamiento oficial, los integrantes de este sector manejan el 17% de la ganadería bovina del país, mientras que sobre los caprinos, tienen incidencia sobre el 80% del stock. En el caso de la producción de ovinos, clave en la provincia de Buenos Aires, representan el 20%. Y en cuanto a la producción de llamas, característico de la región norte del país, manejan el 87% de las existencias.

Esta distribución territorial habla de lo relevante que resultan los circuitos comerciales en cada una de las localidades del país, tal como se define en el texto “Circuitos cortos comerciales de la agricultura familiar, campesina e indígena en Argentina y su contribución al desarrollo territorial”, firmado por Mercedes Caracciolo, Verónica Dziencielsky, Luis Mosse y María Celia Vittar (2023).

“Los circuitos cortos de comercialización no se asientan en espacios geográficos meramente físicos, sino en territorios (urbanos, periurbanos y rurales) que son construcciones sociales realizadas por actores que disputan poder para modelar esa geografía según sus intereses, necesidades y posibilidades. De modo que el marco teórico reconoce que el objetivo explícito de las instituciones públicas que los apoyan -como el INTA- y de los actores que conforman los CCC apunta al desarrollo territorial”, concluyeron los autores.