El Gobierno pisó las partidas presupuestarias y hay áreas que aún no ejecutaron ni un peso. El recorte haría peligrar la conservación de sitios de Memoria y complicaría el desarrollo de los jucios por delitos de lesa humanidad.
El Gobierno de Javier Milei ejecutó un 17% menos de presupuesto en términos reales en políticas de Derechos Humanos si se compara el período enero-marzo de este año con el del 2023 y hay programas que aún no inviertieron un solo peso en lo que va de 2024, al tiempo que otros sufrieron el filo de la motosierra, con un desfinanciamiento cercano al 80%. Mientras tanto, trabajadores de la Secretaría denuncian un abandono de áreas de acción y una ola de despidos que comenzó antes de lo previsto.
Sectores estratégicos como el Banco Nacional de Datos Genéticos (-37,25%), la custodia del Archivo Nacional de la Memoria (-56%) y el programa que pone en valor los sitios y espacios de memoria (-76%), tuvieron caídas drásticas en sus ejecuciones en términos reales, según se desprende de un análisis que el Centro de Economía Política (CEPA) realizó para Página|12 y que se basa en datos oficiales. Esto es sin mencionar que todos los organismos del Estado están trabajando con el presupuesto prorrogado del 2023, es decir, un presupuesto atrasado en términos reales por la inflación. Y que en algunos casos la ejecución es incluso menor en términos nominales.
En otros casos, actividades como el fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad y la muestra permanente del Museo Sitio de Memoria ESMA no tuvieron un solo peso de ejecución, de acuerdo con los registros oficiales. Es decir, cayeron un 100%.
El programa destinado a la formación universitaria en Derechos Humanos, del que depende el exInstituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, tuvo una caída del 99,57%. Y el programa de promisión internacional de los Derechos Humanos se desplomó en términos reales un 73%.
“En términos reales, descontada la inflación, la ejecución de todas –menos una– de las partidas en materia de Derechos Humanos cayó fuerte. Hay algunos que tienen ejecución cero. Esos directamente no tienen ejecución, han sido como abandonadas. El resto tienen caídas significativas en términos reales”, explicó especialista del CEPA Juan Pablo Costa. La única actividad que tuvo un crecimiento fue la de promoción y defensa de los Derechos Humanos, con una suba del 6% real.
Todas las áreas afectadas están bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona y, más precisamente, del secretario de Derechos Humanos del exjuez Alberto Baños, que maneja un presupuesto total de cerca de 6.800 millones de pesos. La excepción es el prestigioso Banco Nacional de Datos Genéticos, que está bajo el ala del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
El costo de desfinanciar la defensa de los Derechos Humanos
En el día a día de la Secretaría de Derechos Humanos esto se ve de manera clara. Así lo explicó a este medio Flavia Fernández Brozzi, coordinadora del Área de DDHH del Consejo Directivo de ATE Capital y de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia, quien agregó que incluso ahora, a más de 100 días del cambio de Gobierno, hay autoridades que no fueron designadas. “No salieron los cargos de director para abajo. De 3.000 cargos que tenían que nombrar, desginaron 150 aproximadamente. Es una política clara de vaciamiento”, precisó, y se mostró alarmada por la falta de líneas de trabajo. «Estamos prácticamente sin hacer nada, lo poco que se puede hacer es sin plata», resumió.
Otra clave es el futuro de los juicios que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad. Horacio Pietragalla Corti, que estuvo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos hasta el 10 de diciembre, explicó que hay un cuerpo de abogados especializados que trabajan hace años, pero remarcó que «la falta de recursos puede hacer que se haga más difícil trasladarse de una provincia a otra».
No es menor el rol del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, que recibió decenas de casos y fue dividido entre las áreas de Lesa Humanidad y Violencia Instituticional. «Teníamos que abordar a los familiares, eso implica recursos. Hay que contratar profesionales y representa sueldos. Nos preocupa la situación a futuro por el acompañamiento a las víctimas», explicó Pietragalla Corti.
Por su lado, el abogado especialista en Derechos HumanosPablo Llonto explicó que el ajuste en áreas de preservación y conservación de los sitios de la Memoria puede afectar el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. «El personal que cuida y conserva estos lugares preserva pruebas. Allí puede haber pruebas no encontradas y pueden ser utilizadas», resaltó.
Un ejemplo emblemático es el hallazgo de restos, tal como ocurrió en Automotores Orletti, donde en una inspección ocular realizada luego de muchos años se hallaron papeles. «Si el Estado despide trabajadores de la conservación de los sitios de memoria, se causa un daño al proceso de memoria, verdad y justicia”, sintetizó Llonto.
Fernández Brozzi pone otro ejemplo: el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti trabaja en una programación artística sin recursos económicos, con los artistas “que se copan”, pero sin hacer invitaciones formales porque “es una vergüenza”. “A los artistas que sí les sirve igual, se les habilita a la gorra”, explicó a Página|12. “El resto de las áreas, al no tener autoridades, no tienen ninguna línea de trabajo. Y empezaron los despidos”, advirtió. Es que ya se veían venir un fuerte golpe a fin de mes, cuando los trabajadores que no son de planta tienen un vencimiento en sus contratos, pero en DD. HH. el golpe llegó antes.