La sanción del Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT) generó un nuevo foco de conflicto interno en el oficialismo. El avance de la iniciativa se encuentra demorado en la Cámara de Diputados debido a la falta de consensos políticos y a las complejidades técnicas de la negociación internacional. La parálisis legislativa coincide con las gestiones del asesor Santiago Caputo en Washington, donde las exigencias de la administración estadounidense por esta normativa ocupan un lugar prioritario en la agenda bilateral.
El retraso en el tratamiento de la ley alimentó disputas internas en el espacio gobernante, vinculándose incluso con controversias previas en redes sociales entre diferentes sectores de la coalición.
El eje de la discusión técnica y los dictámenes
El debate parlamentario mantiene divididas a las distintas fuerzas y expone las presiones del sector de los laboratorios locales frente a las demandas de Estados Unidos:
- La reserva del capítulo 2: El punto de mayor discordia radica en un fragmento de la norma que habilita los patentamientos mediante exámenes internacionales, aspecto que cuenta con el rechazo de la cámara de laboratorios nacionales CILFA.
- Consenso modificado: Ante las objeciones del sector farmacéutico local, la Secretaría de Desregulación aceptó negociar la reserva de dicho capítulo para facilitar la viabilidad política del proyecto en el Congreso.
- Dictamen de minoría: Desde sectores de la oposición aliada se cuestionó la estrategia oficialista y se presentó una propuesta alternativa que elimina la reserva del capítulo 2, permitiendo el examen de patentabilidad a nivel internacional.
- Posición de bloques aliados: El dictamen de mayoría sumó respaldos del oficialismo y bloques provinciales, pero persisten disidencias internas en el PRO que impiden alcanzar el número de voluntades necesario para su aprobación en el recinto.
Tensiones en el gabinete económico y diplomático
La controversia por el tratado de patentes no solo afecta la relación entre el Poder Legislativo y los asesores presidenciales, sino que también involucra a las principales conducciones ministeriales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se señalan diferencias de criterio entre el Ministerio de Desregulación y el Palacio de Hacienda respecto al impacto de la medida.
Asimismo, desde el Congreso se atribuyen responsabilidades al canciller Pablo Quirno por haber postergado el debate parlamentario en etapas previas, presuntamente como un elemento de negociación ante las autoridades norteamericanas en el marco de los conflictos arancelarios. Mientras la definición del proyecto permanece delegada en la conducción de la Cámara Baja, los representantes oficiales admiten la dificultad de destrabar una encrucijada histórica que enfrenta los intereses comerciales locales con las exigencias diplomáticas externas.