El organismo dependiente del Estado intimó al empresario Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes, a remover una mejora de infraestructura vial que costeó con recursos propios. La obra había sido ejecutada en un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba para facilitar el acceso vehicular de clientes, trabajadores y proveedores ante el notable deterioro de la calzada. Tras la orden oficial, el empresario dispone de un plazo de diez días para deshacer el arreglo realizado.

La medida administrativa provocó malestar debido a que, según las disposiciones del organismo, el sector vial afectado deberá volver a su estado de abandono previo hasta que se concrete la adjudicación de la traza a un concesionario privado.

Sospechas de trasfondo político en la intimación

En la localidad de Funes surgieron versiones que vinculan la decisión de Vialidad Nacional con posibles represalias de carácter partidario:

• Vinculación con la campaña electoral: La repavimentación de la colectora se llevó a cabo el año pasado en el marco de la campaña política, coincidiendo con un evento institucional alojado en el complejo hotelero.
• Presencia de la oposición provincial: Dicha actividad estuvo encabezada por Gisela Scaglia, quien en ese momento se presentaba como candidata a vicegobernadora por el espacio Unidos.
• Vínculos del funcionario a cargo: Las sospechas locales se posan sobre la conducción de la delegación santafesina de Vialidad Nacional, actualmente liderada por Gastón Bruno. El funcionario cuenta con antecedentes en la gestión municipal del PRO bajo el mandato del exintendente Diego León Barreto, de la cual se desvinculó tras denuncias por irregularidades en una licitación pública.