La jueza Arroyo Salgado considera que el dato es relevante para determinar dónde se debe realizar la investigación judicial.

En el marco de la causa abierta en la Justicia Federal de San Isidro por el escándalo de la criptomoneda $Libra, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso ayer una orden de presentación en la Quinta Presidencial de Olivos para determinar si el presidente Javier Milei estaba en la residencia oficial el 14 y el 15 de febrero. El viernes 14 fue el día en que el mandatario realizó un posteo en X a las 7:01 pm, en el que promocionaba esa moneda virtual a través de la plataforma Viva la Libertad Carajo Project, apenas un minuto después que estuviera disponible en internet.

La magistrada ordenó la medida a partir de la denuncia presentada por Juan Ricardo Mussa en la Cámara Federal de San Martín, que tiene jurisdicción sobre la Quinta Presidencial de Olivos. Mussa es un dirigente de origen peronista que apoyó a Milei en las presidenciales pero luego pasó a criticarlo en X, que es un habitual denunciante en los Tribunales en casos de presunta corrupción.

En ese posteo del 14 de febrero, el mandatario había incluido un enlace del contrato por medio del cual se podía invertir en $LIBRA para financiar proyectos de emprendedores argentinos. Su cotización experimentó una suba exponencial luego de la publicación de Milei, pero a las pocas horas, se desplomó porque un grupo reducido de tenedores de los token vendieron sus activos rápidamente, dejando más de 40.000 damnificados. La Justicia deberá determinar si contaron con información privilegiada respecto del lanzamiento.

El Presidente borró cuatro horas más tarde esa publicación y subió otro posteo diciendo que “no estaba interiorizado” de la iniciativa, y que era un proyecto privado.

Como en los Tribunales de Comodoro Py ya tramita otro expediente a partir de la unificación de otra decena de causas que recayeron en el Juzgado de María Servini, hay una disputa de competencia pendiente sobre qué Juzgado va a concentrar las actuaciones. Por eso Arroyo Salgado busca precisar si el hecho – el posteo de Milei que desencadenó la maniobra – ocurrió en la Quinta de Olivos. De ser así, podría caberle el principio del lugar donde se cometió, y le correrá vista al fiscal José Iuspa para que resuelva la incompetencia o firme un requerimiento de instrucción para abrir una investigación en San Isidro.

En la Justicia Federal de la Capital, Servini delegó la investigación – iniciada a partir de una denuncia del ex diputado nacional Claudio Lozano y otros – en el fiscal Eduardo Taiano. El representante del Ministerio Público Fiscal impulsó el viernes la investigación, que alcanza al propio Presidente y a otros involucrados en el caso.

La causa en San Isidro está en un estado más incipiente ya que recién ayer Mussa ratificó su denuncia y presentó una ampliación a partir de nuevas notas periodísticas. El fiscal Iuspa aún no hizo un requerimiento de instrucción y pidió, primero, precisar el hecho. Arroyo Salgado dispuso, entonces, dos diligencias de carácter informativo en la Quinta de Olivos para determinar dónde se cometió el hecho, y evaluar si es de su competencia o si le remite su causa a Servini. Por un lado, le pidió a la custodia de la Policía Federal – vía la Delegación de San Isidro – que le remitiera todos los ingresos y egresos del Presidente, y los registros que sirvieran para dar cuenta de su permanencia en la residencia oficial. La misma solicitud se la mandó a la Casa Militar.

Pero llamativamente, ante la orden de presentación, la custodia de la Policía Federal informó que “no anotaban” los ingresos y egresos del Presidente. Más allá de esa respuesta – que llamó la atención en el Juzgado de San Isidro -, informalmente señalaron que “no hubo movimientos” del Presidente el 14 y el 15 de febrero ya que habría ingresado el 13 y permanecido en Olivos hasta el lunes 17. Hoy le llegaría a la jueza la respuesta formal desde la Secretaría General de la Presidencia. Juan Manuel Galli – subsecretario Legal del área a cargo de Karina Milei – se habría comprometido a hacerlo, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Arroyo Salgado también le envió un oficio a Taiano para que certifique la causa que tiene en su Fiscalía, a los fines de determinar la competencia. En el escrito, le pidió que, en el plazo de 24 horas, le mande una copia digitalizada de su expediente.

En Comodoro Py, en tanto, el fiscal Taiano imputó al norteamericano Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, y al empresario oriundo de Singapur Julian Peh, de Kip Protocol, ambos impulsores de $Libra; a Mauricio Gaspar Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum y quienes funcionaron como eco entre Milei y los empresarios del mundo cripto; y a Sergio Daniel Morales, asesor de la CNV en temas de criptomonedas. Según Taiano, los hechos investigados podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Para establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvo cada uno, Taiano ordenó las primeras medidas de prueba en la causa. Entre ellas, pedir informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) y empresas tecnológicas, como Google, para buscar información sobre los hechos que se denunciaron.

También le dio intervención en el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para rastrear los sitios de internet desde los cuáles se crearon y operaron los sitios webs vinculados a la criptomoneda.

La denuncia de Mussa incluye, además de al Presidente, a otros funcionarios: su hermana Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al diputado José Luis Espert, y a los distintos empresarios consultores involucrados en la maniobra. Ayer, Mussa ratificó su denuncia en su Juzgado y presentó una ampliación. Fundamentó su presentación en que este Gobierno y el posteo de Milei “promueven este tipo de inversiones en cripto activos, una modalidad que es funcional al lavado de activos provenientes de delitos como el narcotráfico”, por la falta de controles y la exigencia de identificar el origen del dinero.