Este miércoles, profesionales, familias y pacientes se concentraron en la principal plaza de la ciudad para denunciar el impacto devastador del ajuste presupuestario en los servicios esenciales. La protesta, convocada por el Foro de Prestadores, puso el foco en la paralización de la Ley de Emergencia y el riesgo inminente de que miles de personas pierdan su asistencia terapéutica.

Bajo la consigna de defender el derecho a la salud y la integración, los manifestantes detallaron las consecuencias directas de la falta de financiamiento estatal.

Un sistema al borde del colapso

Los reclamos presentados durante la jornada visibilizaron una situación de vulnerabilidad extrema:

• Suspensión de servicios: La falta de pago de aranceles está forzando a los centros de rehabilitación a reducir jornadas o cerrar definitivamente.
• Freno al transporte especial: Se denunció la interrupción de traslados, lo que impide que cientos de pacientes lleguen a sus lugares de tratamiento.
• Incertidumbre por las pensiones: El sector expresó su rechazo a los nuevos mecanismos de fiscalización que amenazan con dar de baja beneficios de manera «preventiva».

El clamor de las familias

Durante la movilización, los familiares de personas con discapacidad recalcaron que no se trata de una cuestión presupuestaria, sino de una emergencia humanitaria. La protesta en Santiago del Estero se suma a un reclamo federal que busca frenar la desregulación de los aranceles y garantizar que el acceso a la medicación y los tratamientos no dependa de la capacidad de pago individual, sino de un derecho garantizado por ley.