La ciudad capital de Santiago del Estero se encuentra conmocionada tras el desmantelamiento de una red de abuso y producción de material ilícito que operaba en una vivienda del barrio Juan Díaz de Solís Ampliación. El operativo, denominado “Operación Silencio Cero-Infancia Segura”, culminó con la detención de un hombre de 58 años, su pareja de 51 y su hijo adolescente, todos acusados de participar en ataques sistemáticos contra menores.

La investigación, que se extendió por casi un año, se originó a partir de una alerta de organismos internacionales de ciberseguridad que detectaron el tráfico de contenidos prohibidos vinculados a la dirección de los sospechosos.

Detalles del operativo y la investigación

El allanamiento fue liderado por las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera, bajo la autorización de la jueza Érika Casagrande Valdueza. Durante el procedimiento, el personal del Departamento Trata de Personas recolectó evidencia tecnológica que será clave para determinar el alcance de la red.

• Modus operandi: Según las primeras hipótesis, los abusos habrían ocurrido aprovechando el contexto de reuniones sociales en la vivienda, lo que facilitaba el contacto con las víctimas.
• Situación de las menores: Se ha confirmado que al menos dos niñas fueron víctimas de estos actos. Ambas ya han sido identificadas y se encuentran bajo la asistencia de equipos interdisciplinarios y contención profesional.
• Cargos: Las imputaciones preliminares incluyen abuso sexual infantil, producción y difusión de material ilegal en entornos digitales, delitos que conllevan penas severas.

Próximos pasos judiciales

La Justicia santiagueña prioriza actualmente el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados para verificar si existen más víctimas y rastrear la cadena de distribución del material producido. En los próximos días se llevará a cabo la recepción de testimonios y pericias psicológicas que permitirán esclarecer las responsabilidades individuales de los tres integrantes de la familia detenida.

El caso ha generado un fuerte repudio social y las autoridades judiciales han subrayado la importancia de la cooperación internacional para detectar este tipo de delitos que, amparados en el anonimato digital, vulneran los derechos de los niños y niñas.