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El senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli llamó a frenar la privatización de las represas hidroeléctricas emplazadas sobre el río Limay y exhortó a los neuquinos a defender sus derechos y plantarse frente al saqueo que pretende llevar adelante el Gobierno. Parrilli, quien ocupa en la Cámara alta, una banca en representación de Neuquén, dejó en ese marco un mensaje concreto para el gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, para que se comprometa con la defensa de los derechos de los neuquinos: “Tiene que ponerse al frente y todos lo vamos a apoyar”.

Las represas que Javier Milei pretende privatizar son cuatro. Están emplazadas sobre el curso del Limay en Neuquén y Río Negro. Se trata de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, “Hay que parar este atropello que está haciendo el Gobierno”, planteó Parrilli.

La privatización de las hidroeléctricas forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Milei para reducir el tamaño del Estado y entregar recursos clave al sector privado bajo la promesa de mayor eficiencia. Como cuenta Parrilli en un video que publicó en sus redes sociales -en el que explica cómo impacta “esta nueva estafa en marcha del gobierno de Milei en tus tarifas eléctricas y en el futuro de nuestros recursos”- esas centrales fueron construidas por el Estado nacional y concesionadas en los 90 por Carlos Menem.

Aquellas concesiones vencieron hace dos años, fueron prorrogadas y ahora el Gobierno impulsa el pase a manos privadas. “Las empresas, a las que les fueron adjudicadas y que tienen hoy la explotación de estas centrales hidroeléctricas, no reinvirtieron un solo peso en nuevas centrales de generación de energía. Son estas empresas las que mayor fuga de divisas hicieron del país”, destaca Parrilli y advierte que “Milei está intentando cumplir su promesa de llenarles los bolsillos de plata a los grandes empresarios”.

Parrilli viene bregando por la cuestión de las entrales hidroeléctricas desde 2022. Se metió de lleno en el tema ante el vencimiento de las concesiones y entonces le pidió a la Secretaría de Energía de Flavia Royon que no prorrogara. En la nota que le envió en aquel momento propuso que Enarsa se hiciera cargo de las represas y que la futura administración se debía encarar en conjunto con las provincias poseedoras del recurso, sin impedir la probable participación del capital privado, asociado con el Estado. También presentó un proyecto en ese sentido.

Corrían los días de gobierno de Alberto Fernández y Parrilli no tuvo éxito con su planteo a la funcionaria que Sergio Massa había puesto en Energía. «La prórroga por dos años fue ilegal. Cuando entraron las empresas pagaron un canon por treinta años, los últimos dos se los dieron de regalo», señala en díálogo con Página/12.

Hace dos semanas el Gobierno decidió prorrogar por 15 días hábiles el plazo para la realización del concurso público para la venta de las centrales. La extensión respondió a la solicitud de las provincias de Neuquén y Río Negro, que pidieron más tiempo para analizar el impacto de la privatización. La prórroga vigente termina el 7 de mayo. Desde el Ministerio de Economía buscan llegar a un acuerdo con las provincias, que a su favor tienen la carta de hacer planteos judiciales o reclamos administrativos y trabar la privatización.

Las hidroeléctricas son una fuente esencial de energía pero además juegan un rol importante en las economías locales. Parrilli precisa que generan “el 40 por ciento del total de la energía del país” y que “con el 40 por ciento de lo que generan estas hidroeléctricas podemos abastecer totalmente el consumo domiciliario, comercial e industrial de las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén”.

Las provincias generadoras de energía encima son perjudicadas. Según detalla también Parrilli a Neuquén “le pagan 12 por ciento de regalías pero sobre un valor de 19 dólares el megavatio” mientras que las distribuidoras eléctricas de la provincia “le compran a Camesa a 70 dólares el megavatio”. Y a las empresas generar la electricidad les cuesta entre 5 y 6 dólares el magavatio.

“Esta es otra de las atrocidades con las cuales estamos conviviendo con tarifas energéticas que tenemos”, enfatiza el senador, que en el video aparece en un momento frente a una línea de alta tensión y les explica también a sus interlocutores: “¿Ven esta línea? Estamos pagando 1000 kilometros de ida y 1000 de vuelta”.

Parrilli también alerta que “de ahora en más el control del agua lo van a tener las empresas, que van a hacer lo que quieran”. Por eso, considera que es necesario reclamar “que se mantenga el control del Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas) y de la autoridad de cuenta” porque las empresas privadas “van a ser las dueñas del manejo del agua, van a poder erogar lo que quieran y si se inunda, mala suerte”. Hoy, con la finalidad de mantener el riego en el Alto Valle, las empresas pueden erogar hasta 600 metros cúbicos por segundo en el río Nequén y 1200 metros cúbicos por segundo en Limay.

El senador advierte que se debe fijar, además, el canon del agua. «Hay una ley provincial que estableció precio del agua, eso se debe contemplar en la licitación porque el agua es como si fuese el combustible de la central», explica.

La otra cuestión que plantea el senador de Unión por la Patria es que “hay que pedir que las concesiones sean por 10 años” y que se concesione “el 50 por ciento del capital a los privados y que el otro 50% vaya a las provincias”. También sostiene el «pago de las regalías tiene que estar en la licitación, que también debe establecer sobre qué monto, y que se debe obligar a los concesionarios “a invertir el 50% de las utilidades en otros proyectos hidroeléctricos en Nequén”. “Entre ellos tenemos Chihuidos 1 y 2, que están pendientes, y hay tres proyectos importantes en la zona norte en la zona de Chos Malal, que también necesitan del Estado nacional”, enumera, que aporta un número significativo: «Hoy la provincia de Neuquén tiene el 29,9% de acciones de Chocón y recibió por ello más que las regalías que le pagan por todas las represas».

Dicho de otro modo, lo que plantea es priorizar los intereses de la provincia y recuerda un ejemplo: “En la década del 80 cuando el gobierno central intentó hacer el gasoducto Loma de la Lata para llevarse el gas e industrializarlo en Bahía Blanca. En ese momento Felipe Sapag se puso fuerte y dictamos una ley donde exigimos que para hacer el gasoducto tenía que industrializarse en origen el gas y por eso se hizo la planta de tratamiento del gas en Loma de la Lata y no en Bahía Blanca”.

Lejos de lo que impulsa Parrilli el Gobierno, según trascendió, no quiere cederles a las provincias más del 10% del paquete accionario de cada concesión de las represas. Y además pretende que paguen por las acciones el precio que resulte de las licitaciones.

Parrilli incluyó todos sus planteos y propuestas sobre qué hacer con las centrales hidroeléctricas ante el fin de las concesiones en sendas notas que les envió a Figueroa y también al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

«Que el gobernador de Neuquén se ponga los pantalones largos -reclama Parrilli-. Tanto neuquenizate, tanto que se habla de los derechos federales, bueno… acá estamos frente a un caso concreto de defensa real de nuestros intereses federales y es nada más y nada menos que la defensa no sólo de nuestra energía sino también del agua”.

Fuente: pagina12.com.ar