Tras el anuncio del Gobierno, los distritos reiteran que el estado de las rutas requiere medidas rápidas. Gobernadores aguardan conocer la letra chica de la medida. Temor por la extensión los plazos.

El Gobierno nacional anunció este viernes la privatización de Corredores Viales S.A., una decisión con impacto en las provincias, que vienen advirtiendo junto al sector privado por la falta de mantenimiento de las rutas a lo largo y ancho del país. La noticia, en principio, fue recibida con cautela en los distritos, a la espera de conocer la letra chica.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que la firma estatal se regirá bajo la concesión de obra pública por peaje. Consideró, a la vez, que eso promoverá «el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios».

A mediados de enero, la administración de Javier Milei ya había dado un paso importante en ese sentido, al oficializar la licitación de la «Ruta del Mercosur». Se trata de casi 9.000 kilómetros de traza claves para el comercio tanto en el Litoral como con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cautela y urgencias en las provincias por estado de las rutas

En principio, las administraciones subnacionales recibieron con sorpresa el anuncio, ya que no tenían mayor información al respecto. «Por ahora, es solo eso. No hubo ninguna comunicación ni mayores precisiones», graficaron a Ámbito desde un distrito litoraleño. A la par, un ministro de Economía provincial dio cuenta de que analizaban la medida a fin de sentar un posición clara.

Corredores Viales S.A. es una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas. Actualmente, administra cerca de 6.000 kilómetros de traza, divididos en 10 tramos que atraviesan 14 provincias: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Corrientes, Chaco y Misiones.

Los 10 tramos de la red administrada por Corredores Viales S.A.

No es la primera vez que la Casa Rosada realiza un anuncio en ese sentido. El 10 de octubre del 2024, también en conferencia de prensa, Adorni había dicho: «El Gobierno decidió poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas, que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales S.A.. Esta empresa estatal tiene un déficit estatal de u$s30 millones, que hasta diciembre de 2023 fue financiado con fondos del Tesoro nacional».

En la ocasión, el funcionario denunció que la empresa «no cumplió con los estándares mínimos de operación y mantenimiento» y adelantó que «cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos en cada caso podrá participar de la licitación para prestar el servicio de manera más eficiente».

Una fuente al tanto del proceso aseguró que «es lo mismo que anunciaron hace ocho meses» y que «Corredores Viales no puede ser privatizada porque básicamente no tiene ningún activo, tampoco ningún pasivo; todos sus activos son de la concesión. En última instancia, el dueño de todo es Vialidad Nacional».

«Todo lo que están diciendo de privatizar o liquidar la empresa es para distraer sobre el problema actual de que hace un año Corredores Viales cobra una tarifa 300% más alta que en la gestión anterior, pero incumpliendo los contratos de concesión, porque no invierte en las rutas», se quejó la voz.

Este viernes, en tanto, la Oficina del Presidente informó que, según relevamientos propios, 3.400 km bajo la órbita de la firma «no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular». «Esta es una clara muestra de que la administración estatal de la red no funciona, y que no es rol del Estado la gestión de las autovías», señala el comunicado. Agrega, además, que desde ahora «será el concesionario el que tendrá que realizar las obras a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje».

Protestas de los distritos

Durante el interregno entre ambos anuncios, las jurisdicciones continuaron alzando la voz por el estado de las rutas. Una de las más vehementes fue la gestión del santafesino Maximiliano Pullaro. Su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, llegó a decir que para el Gobierno de Milei «las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan».

«La situación es insostenible. Nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”, protestó.

Días atrás, un scrum conjunto entre la provincia de Buenos Aires e intendentes, coordinado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó ante la Justicia una demanda contra Nación por «el abandono de las rutas». El texto recayó en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, secretaría Nº 2, a cargo del juez Oscar Papavero.

En el mismo, se hace referencia a que, todos los meses, «la Administración Nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40.000 km de rutas nacionales».

Distintas provincias denuncian la falta de mantenimiento en las rutas.

«En particular, a pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y, además, se quedó con $1 billón surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura», señala.

Por otra parte, la presentación indica que PBA cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4.000 kilómetros y la inversión de Vialidad Nacional en la PBA cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país. Tras el anuncio de Adorni, en La Plata sacaron pecho: «Quizás hicimos ruido».

A los reclamos de las provincias se sumaron también actores privados, como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y federaciones económicas de diversos distritos, que denunciaron la dificultad para transportar mercaderías por vía terrestre como consecuencia del mal estado de las rutas. «Hay que generar mejores condiciones de transitabilidad», exigieron.

Fuente: ambito.com