Su nombramiento se produce tras el despido de Ricardo Ferrer, quien fue cesado por emitir datos falsos durante las protestas de los jubilados del 12 de marzo
Ramiro Anzit Guerrero ha sido designado recientemente como el nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en medio de un contexto de críticas por su actuación anterior y su relación con la persecución de la comunidad mapuche. Su nombramiento se produce tras el despido de Ricardo Ferrer, quien fue cesado por emitir datos falsos durante las protestas de los jubilados del 12 de marzo.
Trayectoria y polémicas
Guerrero, quien había sido despedido previamente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Alberto Fernández por estar vinculado a irregularidades en contrataciones, es considerado un protegido de los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo. Su nombre resuena debido a su participación en el controvertido «Informe RAM», un documento que, bajo el mando de Patricia Bullrich, intentó catalogar a la comunidad mapuche como terrorista, basado en recortes de prensa sin evidencia concreta.
A lo largo de su carrera, Anzit Guerrero se ha caracterizado por un enfoque represivo hacia los pueblos originarios, y su designación genera inquietud entre las organizaciones de derechos humanos. Durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo un papel destacado en la DNIC, pero su ascenso profesional estuvo marcado por la controversia y su lejana relevancia en el ámbito de la seguridad.
El Rol de la DNIC
La DNIC es un organismo fundamental para la coordinación de los aparatos de inteligencia de la Policía Federal, Gendarmería y otros cuerpos de seguridad. Sin embargo, su función crítica de filtrado de información es cuestionada, ya que ha sido acusada de respaldar informes falsos, como en el caso de la agresión a Beatriz Blanco, donde se reportó erróneamente que cayó durante una manifestación.
La llegada de Anzit Guerrero a la dirección de la DNIC en el contexto actual, marcado por un aumento en la represión bajo el gobierno de Javier Milei, sugiere que el enfoque de la administración podría continuar por sendas de choque y represión, en lugar de buscar soluciones pacíficas a las tensiones sociales. Organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han denunciado actividades de inteligencia ilegal relacionadas con la persecución de grupos considerados disidentes.
La designación de Ramiro Anzit Guerrero como director de la DNIC plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la seguridad en Argentina y la relación del gobierno con las comunidades marginadas. Con un historial de hostigamiento a la comunidad mapuche y su vinculación con figuras cuestionadas como Milman y Ritondo, muchos temen que su liderazgo represente un retroceso en el respeto a los derechos humanos en el país. La creciente crisis económica podría alimentar aún más los conflictos en un clima donde la intervención del Estado es vista con recelo por varios sectores de la sociedad.