Un litigio derivado de la demanda civil interpuesta por la Dirección Nacional de Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios podría generar una erogación estatal de 13.614 millones de pesos —equivalente a cerca de diez millones de dólares— en concepto de honorarios profesionales. La exigencia es impulsada por doce abogados defensores tras la declaración de caducidad de la instancia dispuesta por la Justicia, medida dictada ante la falta de impulso procesal por parte del organismo querellante durante la tramitación del expediente.

La liquidación efectiva de los estipendios se encuentra supeditada a un pronunciamiento extraordinario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal debe resolver si convalida el cierre definitivo del proceso civil o si acoge el recurso presentado por las autoridades de Vialidad Nacional para reactivar la demanda. Ante la paralización del trámite resuelta por la Cámara Civil y Comercial Federal a la espera de dicho fallo, los letrados intervinientes denunciaron privación de justicia y solicitaron el destrabe de los pagos fijados por las actuaciones concluidas.