La ONG desataca que el Presidente conocía el proyecto “Viva La Libertad proyect”, también a su impulsor Mark Davis
Los numerosos damnificados en la estafa con el token $LIBRA no son los únicos interesados en que se investigue la responsabilidad penal del presidente Javier Milei. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), creado en 2003 y especializado en ese tipo específico de corrupción, pidió ser aceptado como querellante en la causa por el escándalo del criptoactivo que promocionó el mandatario y señaló que se lo debe investigar por negociaciones incompatibles con la función pública. “La Justicia federal debe demostrar si, como dice el gobierno, el que las hace la paga, o si esa regla no rige para quienes gobiernan o para quienes cometen crímenes económicos”, destacó Pedro Biscay, directivo del CIPCE a cargo de la querella, que también suscribe Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP).
La presentación califica al hecho como “un caso excepcional de corrupción, por ser prácticamente flagrante y estar probado casi en su totalidad a través de medios de prueba de público conocimiento”. Advierte además sobre el riesgo de que la fiscalía complejice innecesariamente la investigación para dilatar y así favorecer la impunidad. “No es usual que un caso de corrupción sea cometido a la vista de todos. Debemos evitar que Comodoro Py y la Procuración General conviertan este caso en una prenda de negociación con el Gobierno, como suelen hacer ante este tipo de casos”, advirtió Biscay. La investigación, como informó Página/12, fue delegada por la jueza federal María Servini en el fiscal Eduardo Taiano, y se instruye en paralelo con otra en San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
El CIPCE le imputa al jefe de Estado haber publicado en su cuenta de la red X, el pasado 14 de febrero, un mensaje sobre un proyecto privado, promoviendo un negocio denominado “Viva La Libertad Project – Driving the Future of Freedom and Growth”, basado en la compra y venta del token $LIBRA. Como consecuencia de ese posteo, en un breve lapso el valor del token subió de $0,10 a $4,50 aproximadamente.
Este hecho configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 256 del Código Penal de la Nación, que reprime a los funcionarios públicos que se interesen en contratos o negocios privados, ya sea de manera directa o a través de personas o negocios simulados, y con independencia del resultado al que se arribe en la negociación. Se trata de una de las principales figuras penales de corrupción, porque a diferencia del cohecho no exige la comprobación de entrega alguna de dinero a cambio de garantizar un hacer o un no hacer por parte del funcionario, argumenta.
El CIPCE desataca que Milei conocía el proyecto “Viva La Libertad proyect”, también a su impulsor Mark Davis, y difundió a través de su cuenta oficial el link, el código del contrato, el nombre del token y la alusión a los propósitos esenciales del mismo, que coincidían con la descripción del proyecto privado que figura en su sitio web. Señala que la línea temporal muestra una secuencia de pocos minutos entre tres hechos necesariamente concatenados: la habilitación del token, el tuit presidencial y el incremento de su valor. Además, el presidente utilizó una cuenta de X con “verificación gris”, que solicitó y le fue otorgada justamente por su condición de funcionario público.
El escrito solicitó incorporar a la causa la charla grabada con el conductor televisivo Jonatan Viale, en la cual Milei reconoce su conocimiento sobre el proyecto. También pide preservar la evidencia digital y solicitar a Solana toda la información referida al token $LIBRA. Además, requirió que se conforme una causa por separado, exclusivamente dirigida a determinar la responsabilidad penal del presidente por el hecho imputado.
La querella del CIPCE es la primera que se presenta bajo la figura de “querellante de la sociedad civil”, que el Código Procesal Penal habilita a asociaciones civiles ante casos de graves violaciones a los derechos humanos. El escrito destaca la importancia de esta forma de participación de la sociedad civil, frente a la decisión del Ejecutivo de crear una supuesta “Unidad Transitoria de Investigación” a cargo de una funcionaria dependiente del propio investigado. Esa unidad genera “fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación”, advierte.
Con información de Página 12