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Desde el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) aseguraron que la estrategia judicial a la que recurrieron para impedir el embate del Gobierno puede aplicarse a otros organismos. Además, cuestionaron el modelo de concesiones del Ejecutivo nacional: «Ya fracasó en los ’90», sostuvieron. 

«Presentamos este recurso dos semanas antes de que saliera el decreto. Fue una estrategia que pensamos con los abogados, y cuando se efectivizó el decreto lo incorporamos a la causa», explicó la secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), Emiliana McNamara, respecto de la medida cautelar que impidió la disolución del organismo. 

Fue el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín el que hizo lugar a la medida cautelar presentada por SEVINA. Ahora el gobierno deberá apelar para insistir en su embate contra Vialidad Nacional. «Quieren ir contra el empleo estatal y contra los organismos del Estado«, subrayó McNamara en la 750. 

El argumento que utilizaron los trabajadores fue que la Ley Bases no alcanza al organismo por ser un ente autárquico, y que, en todo caso, para disolverlo el Ejecutivo debería aprobar una ley que lo dejara asentado. Esa estrategia se podría utilizar con otras instituciones del Estado. 

«De hecho, nosotros estamos en comunicación con otros entes que también podrían usar este argumentó«, reveló la titular del SEVINA. «(El gobierno) Lo va a apelar y a hacer todo lo posible para desarmarlo, pero estamos preparados para seguir dando pelea», agregó.

¿Las rutas? Bien, gracias

Los 5200 empleados de Vialidad no son suficientes para sostener las flotas de emergencias, que se realizan igual a pesar de que los trabajadores no están cobrando los viáticos por la asistencia. Por el estado de los caminos, desde SEVINA denuncian que habrá cada vez más emergencias. 

«Va a pasar cada vez más porque las rutas están de regular a mal en un 60 o 70 por ciento«, detalló McNamara en Escuchá Página|12. «Esto lo venimos denunciando: no hay mantenimiento de la ruta, ni hablar de poder llevar a cabo los proyectos de doble mano, por ejemplo, en la ruta 3 a la altura de Azul», detalló. 

El plan del gobierno para «ahorrarle» al Estado la inversión en caminos y su mantenimiento es un viejo conocido: el programa de concesiones que se promocionaba en la década del ’90. 

«Eso ya fracasó. Pasó con la última concesión que sacó Caminos del Río Uruguay S.A. y la ruta está desastrosa, desde el año ’93 que estaba en concesión. Pero más allá de eso, si eso fuera exitoso, tenés 30 mil kilómetros restantes», argumentó.

Sumado a esto, es probable que aquellos lugares que están más alejados de los centros turísticos y económicos del país queden desconectados si el Estado no decide construir rutas y, en el mismo sentido, funciona la mantención de los caminos. «Donde el privado no pueda poner un peaje que le genere ganancia, no va a mantenerlas», concluyó McNamara. 

pagina12.com.ar