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El país debe presentar a más tardar el martes sus argumentos. Cómo impacta que los demandantes hayan dicho que no quieren los activos de la petrolera.
El juicio por YPF sumará en los próximos días un nuevo capítulo clave. La Argentina tiene hasta el martes 22 para presentar sus argumentos contra la entrega de acciones, que ordenó la jueza Loretta Preska como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
Los abogados del país buscan que la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York defina mantener en suspenso la ejecución del fallo -es decir, la transferencia de los papeles de YPF- mientras se aboca a revisar el pedido para revertir la decisión de Preska.
La presentación de la Argentina llegará luego de un giro inesperado. Como informó TN, los fondos demandantes informaron ante esa misma Corte que no tienen interés en quedarse con los activos de YPF y reclamaron que el país deposite una garantía mientras avanza el proceso apelatorio.
La declaración del fondo Burford, beneficiario del millonario fallo por la expropiación, sorprendió dado que el caso llegó a esta instancia por los propios reclamos que hizo el demandante ante el juzgado de Preska.
Juicio por YPF: cruces de escritos y decisiones clave
Los abogados del Burford presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones que debe definir si suspende la orden de Preska para transferir las acciones de YPF. Pidieron que la Argentina no pueda apelar el fallo sin antes depositar una garantía.
Ahora, a más tardar el martes, los abogados del país harán su defensa por escrito y luego la Corte de Apelaciones elegirá qué sala de ese tribunal definirá sobre la ejecución del fallo de Preska.
“Ellos pueden resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tienen plazo para hacerlo”, comentó Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro.
Aun sin fecha precisa, se estima que para fin de mes puede haber una resolución sobre la suspensión de la entrega de acciones. Y hay dos escenarios posibles:
En el primero, que contempla que la Cámara acepte el pedido argentino, la sentencia de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo. Esto implicaría un respiro para el país, que enfrenta una deuda de US$ 16.100 millones, más intereses.
En sentido opuesto, si la cámara rechaza la solicitud, la orden de Preska se reactivará, exponiendo a la Argentina a un riesgo de desacato que puede derivar en consecuencias en los mercados internacionales.
En paralelo, la Corte de Apelaciones deberá decidir sobre la sentencia de fondo y si el pago debe realizarse con las acciones de YPF, donde el Estado posee el 51%.