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La Cámara de Diputados debate los vetos de Milei al aumento de jubilaciones, la Ley de Emergencia en Discapacidad, la reconstrucción en Bahía Blanca y la extensión de la moratoria previsional.
En una sesión clave, Diputados debate este miércoles los vetos de Javier Milei al aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la reconstrucción de Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo.
Mientras la oposición busca revertir los vetos, el Gobierno insiste en que estas leyes ponen en riego el déficit cero. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no hay fondos para hacer frente a esos gastos si la Cámara Baja ratifica las normas.
El proyecto aprobado en ambas Cámaras implica un aumento del 7,2% en las jubilaciones, eleva a $110.000 el bono para quienes perciben el haber mínimo y extiende la moratoria por dos años.
En agosto, la jubilación mínima es de $314.243,51. En caso de que se revierta el veto, pasará a ser $446.869. Es decir, $336.869 por el aumento más $110.000 del bono, que está congelado desde marzo de 2024 y perdió 40% de su poder de compra.
Por su parte, el impacto fiscal adicional para 2025 sería de 0,32% del PBI, de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El estudio indica que aquellos que cobran el haber mínimo recibirán una mejora de 16% mientras que el resto se beneficiará 11%.
Ley de Emergencia en Discapacidad
En este caso, la ley declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establece que dichas pensiones serán compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.
La pensión no contributiva por invalidez/discapacidad actualmente es de $220.013,76, sin contar el bono de $70.000. La norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que implicaría un costo total que oscila entre 0,28% del PBI a 0,51% del PBI.
“Se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI)”, señaló el documento de la OPC.
Además, dentro de la ley que impulsó la oposición y vetó Milei, establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto único de $278.323 millones, lo que equivale a 0,03% del PBI.
Moratoria previsional
Otro de los puntos que se debate -y que Milei vetó- es la prórroga de la moratoria previsional, que permite acceder a la jubilación sin cumplir con los 30 años de aportes obligatorios.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que la extensión por dos años implicaría un costo estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI), producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.
En el caso de la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), representaría un costo de $1,7 billones (0,2% del PBI). “Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios”, detallaron.
Emergencia por inundaciones en Bahía Blanca
Se trata de la iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado el 7 de mayo y luego fue aprobada el 4 de junio en la Cámara de Diputados con 153 votos afirmativos y 32 negativos.
Milei presentó el veto, en el que argumentó que el Gobierno ya impulsó el 1° de abril la creación de un fondo de $200.000 millones para reconstruir Bahía Blanca desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, que forma parte del Ministerio de Seguridad.
Distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles
Este miércoles, Diputados también debate dos iniciativas impulsadas por los gobernadores. Se trata del proyecto de ley para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un nuevo esquema dereparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambos cuentan con media sanción del Senado.
“La propuesta con mayoría implica incrementar la participación directa de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, manteniendo inalterada la participación directa de la ANSES y bajando la del Tesoro Nacional. En cambio, la propuesta de minoría implica incrementar la participación de provincias y CABA al 42%”, explicó el economista y titular de IARAF, Nadín Argañaraz.
Así, la propuesta de dictamen de mayoría implica recursos extras a las provincias por $1.580.000 millones y la propuesta de minoría por $814.000 millones. En términos del PBI, el impacto fiscal del de mayoría sería de 0,18% del PBI y el de minoría de 0,1% del PBI.
De acuerdo con estimaciones del economista y titular de IARAF, la recaudación del impuesto a los combustibles sería de $4.800.000 millones durante 2025.