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A principios de año, se iba a mudar el archivo general de la Marina. Con esa excusa, se ordenó «depurar» y triturar documentos. Cuando la justicia pidió explicaciones, el Gobierno contestó con un mensaje confidencial y sin firma.

A principios de este año, la Armada quiso destruir documentación que almacenaba en su Archivo General (AGA). La medida, que había sido dispuesta de manera secreta, fue frenada gracias al rápido accionar de querellantes y fiscales que intervienen en casos de crímenes de lesa humanidad. La Armada, además, hizo una maniobra para esconder quién había dado la orden, pero finalmente debió acceder a enviarle la información al Tribunal Oral Federal (TOF 5), que juzga loscrímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de ocho kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay de todo: legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales, reglamentos derogados y boletines navales.

A través del mensaje reservado –que llevaba la identificación GFH R 080240–, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. ¿Por qué lo hizo? Es una incógnita, parte del misterio que rodea a la maniobra.

En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informó que ese mismo día comenzaba la “depuración/selección” de la documentación. Además, precisó que a partir del 10 de febrero se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.

Fueron los Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) quienes advirtieron la gravedad de lo que estaba por suceder. La maniobra podría poner en riesgo pruebas valiosas para las causas por crímenes de lesa humanidad que investigan el rol de la Armada.

A partir de una presentación que hizo el abogado Pablo Llonto, y que apoyó la fiscalía, la jueza federal de San Martín Alicia Vence frenó la mudanza y evitó la destrucción de documentación. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak también dictó una medida cautelar.

En Comodoro Py, mientras estuvo al frente de la causa ESMA, Lijo pidió que la Armada enviara los inventarios de lo que existía en el AGA. Sin embargo, por el tipo de archivo que remitió, la información no era accesible ni para el juzgado ni para las querellas.

El fiscal Félix Crous formuló un planteo también ante el TOF 5, a cargo de los juicios por crímenes cometidos en la ESMA. A partir de esa presentación, la Armada remitió el mensaje reservado que daba la orden de destruir la documentación.

Recién el 13 de agosto pasado, el director de Asuntos Jurídicos de la Armada, comodoro de Marina Omar Eduardo Daniel Balbo, envió una copia del mensaje GFH R 080240. El documento fue reservado en la secretaría del TOF 5 porque estaba clasificado como confidencial.

Pero a la Armada no le bastó con esas reservas. El mensaje llegó con una firma digital encriptada, que impide ver quién dio la orden de destruir o triturar información con la excusa de la mudanza, pese a que se presume que los actos de Estado deben ser públicos.

A pedido de la fiscalía, el TOF 5 le solicitó al Ministerio de Defensa que informara la identidad del oficial que había firmado la directiva. Crous incluso sugirió que, si era necesario, dado el carácter confidencial del documento, se le pidiera al Presidente que levantara la clasificación. Según la Ley de Inteligencia 25.520, el Presidente es quien tiene la facultad de desclasificar información o quien él designe para tal efecto.

La respuesta, dijeron fuentes judiciales, llegó recién este lunes a los tribunales de Comodoro Py. La decisión de destruir documentación se mantuvo en secreto más de nueve meses. Aún resta saber cuál será el temperamento que adoptarán el tribunal y la fiscalía.

La Armada tiene una cierta expertise a la hora de destruir documentación vinculada al accionar represivo de la última dictadura militar. A finales de 1982, creó la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese). La Copese estuvo integrada por oficiales que revistaron en la ESMA, que volvieron al campo de concentración para seleccionar documentos y destruirlos. Uno de los que fue parte de la comisión fue el marino Alberto Eduardo González, considerado “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El «Gato» González, condenado a prisión perpetua, está actualmente pidiendo las salidas transitorias para volver, aunque sea esporádicamente, a su casa.

Durante años, solo se supo de la Copese lo que pudo contar Víctor Basterra, el último sobreviviente en ser liberado de la ESMA. Gracias al trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que funcionaron en el Ministerio de Defensa desde 2010 hasta 2024, se pudo obtener detalles de la Copese que confirmaron el testimonio de Basterra.

Una de las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei fue desarmar los ERyA. El ministro de Defensa, Luis Petri, acusó a sus integrantes de hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro funcionario de Defensa, Juan Battaleme, llegó a definirlos como “vengadores” o ejecutores de una venganza contra los militares por relevar documentación para investigar crímenes de lesa humanidad.

El secreto es otro elemento que el Gobierno invoca en otras causas. Los abogados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pidieron que tramitara como reservada una causa en la que se debate la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, a través del cual Milei reformó, sin pasar por el Congreso, todo el sistema de inteligencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impulsa el expediente, contestó que no estaban debatiendo operaciones secretas sino si con los cambios se podrían afectar garantías constitucionales –como que las comunicaciones sean interceptadas sin orden de un magistrado. El juez Santiago Carrillo le dio la razón al CELS, y la SIDE, que había amenazado con llevar el tema ante la Corte Suprema, no apeló.

La semana pasada, el Gobierno jugó su carta más osada en pos del secreto. Lo hizo para impedir que se difundan audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que habían sido anunciados por el streaming Carnaval. Para ello, contó con una medida cautelar otorgada por el juez en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello. Según denunciaron juristas y especialistas, el fallo fue un acto de censura previa, prohibido por la Constitución nacional.

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