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La medida, nunca antes aplicada en el país, podría restringir derechos fundamentales y ampliar el poder del Ejecutivo. Ocurre en un contexto de fuerte tensión con Washington, que reforzó su presencia en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareció junto a los jefes de los poderes públicos y altos funcionarios de su régimen para anticipar que evalúa la firma de un decreto de estado de conmoción exterior. Según explicó el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, se trata de un tipo de estado de excepción “que nunca antes se ha dictado en Venezuela” y que, de aplicarse, marcaría un precedente histórico.

“Los estados de excepción existen para habilitar poderes extraordinarios en contextos extraordinarios. La lógica es darle facultades a quien no las tiene en condiciones normales, pero siempre de forma proporcional y vinculada a los hechos que los originan”, señaló Daniels en declaraciones a EFE.

Con un decreto de este tipo, Maduro podría ordenar movilizaciones de tropas, disponer gastos no contemplados en el presupuesto, imponer restricciones a la libertad de tránsito e incluso confiscar bienes de particulares para destinarlos a la emergencia. Además, tendría la posibilidad de suspender o limitar derechos fundamentales, salvo aquellos expresamente protegidos por la Constitución, como el debido proceso, la libertad de pensamiento o el amparo constitucional.

“El problema es que se trata de un poder discrecional que, sin controles efectivos, puede ser utilizado con fines políticos más que para atender la emergencia alegada”, advirtió Daniels, quien además alertó sobre los riesgos de que se restrinja el derecho a la información.

Control institucional bajo el chavismo

El decreto, en caso de ser redactado y firmado, debería ser aprobado por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y revisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, también controlada por jueces afines al chavismo. De ser convalidado, entraría en vigencia de inmediato con una duración inicial de 90 días prorrogables por otros 90.

“Es fundamental conocer el contenido exacto del decreto porque, al ser inédito, no existe experiencia previa en Venezuela sobre sus límites y alcances”, remarcó Daniels.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump hundió recientemente cuatro embarcaciones en el Caribe que, según Washington, estaban vinculadas al narcotráfico venezolano. Además, desplegó ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, más de 4.500 soldados y cazas F-35B en Puerto Rico.

Maduro interpretó el despliegue como un intento de “forzar un cambio de régimen” y justificó la propuesta del decreto en la necesidad de “respaldar y activar todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o a un eventual ataque”.

Derechos en juego

Para Acceso a la Justicia y otros especialistas, el mayor riesgo de un estado de conmoción exterior radica en la potencial suspensión de derechos fundamentales. Aunque la Constitución establece un núcleo duro que no puede ser vulnerado, las experiencias previas de estados de excepción en Venezuela —como los decretados durante protestas o crisis internas— mostraron abusos y restricciones que excedieron el marco legal.

“El uso de medidas extraordinarias sin control parlamentario real ni supervisión independiente puede derivar en un recorte de libertades y en un reforzamiento del poder político del Ejecutivo en detrimento de los ciudadanos”, concluyó Daniels.

DCQ/ML