En una entrevista, López aseguró que se debería «avanzar a objetivos dentro del territorio nacional». El gobierno venezolano lo acusó de criminal y le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que le quite sus derechos como ciudadano.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le retire la nacionalidad al opositor Leopóldo López por su «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar» por parte de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump, lleva adelante una presión de las fuerzas armadas, desde principios de septiembre.

Si bien el pedido de Maduro se realizó durante el día viernes, recién se dio a conocer este sábado, a partir de un anuncio que realizó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El Gobierno acusó a López de «promover permanentemente el bloque económico» y «el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros», sostuvo el comunicado oficial emitido por Rodríguez.

Rodríguez, quien también es ministra de Hidrocarburos, señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) “procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte” del opositor López, quien se encuentra exiliado en España.

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la república frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, aseguró la vicepresidenta.

Rodríguez explicó que se ha hecho la solicitud con base en el artículo 130 de la Constitución Nacional, el cual señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación».

La funcionaria también se respaldó con la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada el año pasado y que establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras.

El gobierno venezolano le solicitó al máximo tribunal nacional que se le quite la nacionalidad a López después de que el opositor concediera una entrevista a la agencia EFE, en Madrid, España, en la que respaldó la movilización naval de Estados Unidos hacia las costas cercanas del país, en el mar Caribe. En el reportaje, dijo que se debería «avanzar a objetivos dentro del territorio nacional».

Estos hechos sucedieron en el contexto de un aumento de tensiones en la región, entre Estados Unidos y los gobiernos tanto de Venezuela, como de Colombia.

Desde inicios de septiembre, la Casa Blanca ordenó ataques a diez embarcaciones que se encontraban cerca de las costas de Venezuela y Colombia porque la gestión de Trump aseguró que se tratarían de lanchas que trasladaban estupefacientes prohibidios a su paíz. Sin embargo, Washington no aportó ningún tipo de pruebas sobre las cargas que se trasladaban. En sus bombardeos extrajudiciales murieron unas 43 personas.

Por último, Trump ordenó que su portaaviones nuclear más moderno, el USS Gerald Ford, se traslade al mar Caribe para aumentar la presión militar sobre los gobiernos venezolanos y colombianos.