El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), firmó en Washington un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP). Este acuerdo moderniza el esquema de intercambio de información y ha generado preocupación en el sector agroexportador por su posible impacto en la política de retenciones.
Objetivos del Acuerdo Aduanero
El convenio, firmado por Juan Pazo (titular de ARCA), Andrés Veliz (Director General de Aduanas) y Donald R. Stakes (CBP), busca la modernización y alineamiento con estándares internacionales:
- Digitalización y Automatización: Es un «paso clave para profundizar la modernización, digitalización y automatización de los procesos aduaneros», con el objetivo de avanzar hacia una Aduana 100% digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel.
- Seguridad y Control: Fortalecer la coordinación bilateral para mejorar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales.
- Competitividad: Reducir tiempos logísticos y mejorar la competitividad del sector privado.
Preocupación en el Agro y el Mercado de Soja
El acuerdo de cooperación aduanera forma parte de un pacto bilateral más amplio donde ambos países se comprometieron a cooperar en comercio de minerales críticos y a trabajar para estabilizar el mercado mundial de soja.
- Intercambio de Información: Uno de los objetivos es intercambiar información sobre el mercado de la soja, un tema que reactivó el debate sobre el esquema de retenciones en Argentina.
- Presión de EE. UU.: Fuentes del sector indican que Estados Unidos busca evitar que Argentina implemente beneficios (como una baja de retenciones) que puedan desplazar la soja americana del crucial mercado chino.
- Posible Dificultad: Se teme que este acuerdo pueda generar dificultades para la prometida baja de retenciones. Una fuente cercana a ARCA advirtió que EE. UU. podría solicitar que Argentina notifique por anticipado cualquier medida vinculada a reducciones arancelarias.
El Canciller Pablo Quirno, no obstante, insiste en desmentir esta presión, afirmando que «Argentina mantiene su soberanía impositiva y sus decisiones sobre el marco regulatorio».