Referentes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (Opinoa), incluyendo la participación del Consejo de la Nación Tonokoté Llutki de Santiago del Estero, llevaron a cabo una asamblea en Campo Quijano, Salta, donde emitieron un fuerte pronunciamiento contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
Cuestionamiento a las Políticas Nacionales
Las organizaciones indígenas denunciaron que las acciones del Gobierno nacional libertario representan un «retroceso, negación y discriminación» hacia sus pueblos:
- Repudio a Actos Colonizadores: Acusaron al gobierno de asemejarse a los pensamientos de «civilización o barbarie» de figuras históricas como Mitre, Sarmiento y Roca, alegando que se está «reivindicando el genocidio» iniciado hace 533 años.
- Negación Histórica: Repudiaron la reinstauración del 12 de octubre como Día de la Raza, considerándolo un desconocimiento del acontecimiento histórico.
- Vaciamiento Institucional: Señalaron el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Impacto de la Ley de Bases y el DNU
Opinoa advirtió que las propuestas legislativas y decretos del Ejecutivo ponen en riesgo la soberanía y sus territorios:
- Entrega Territorial: Aseguraron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) «entrega nuestros territorios y la soberanía a las corporaciones».
- Despojo y Criminalización: Denunciaron que la Ley de Bases y el DNU 070 profundizan la especulación inmobiliaria, el despojo territorial, la privatización del agua (mencionando a la empresa Mekorot), y la persecución, criminalización y desalojo de las comunidades.
- Violación de Derechos: Mencionaron la derogación y veto de la Ley 26.160 (que suspende los desalojos), señalando que estas violaciones agravan la crisis climática y el calentamiento global.
Propuesta de Solución y Diálogo
Las organizaciones rechazaron ser vistas como un problema y se posicionaron como «parte de la solución»:
- Alternativa del Buen Vivir: Propusieron un camino basado en el Buen Vivir.
- Deuda Histórica del Estado: Exigieron al Congreso asumir la deuda histórica con los pueblos indígenas mediante:
- La instrumentación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
- Una ley permanente que suspenda los desalojos de sus comunidades preexistentes.
Los referentes reafirmaron la aplicación de los derechos de incidencia colectiva y se manifestaron abiertos al «diálogo intercultural» para construir políticas con derechos humanos y justicia social en pos de una Nación plurinacional. El lema de la asamblea fue «en defensa de la soberanía territorial y de la Madre Tierra que nos da la vida».