El impacto del recorte en las Pensiones no Contributivas (PNC) impulsado por el gobierno de Javier Milei ha dejado una huella profunda en Santiago del Estero. A pesar de los fallos judiciales que ordenaron dar marcha atrás con la medida, la realidad administrativa muestra un escenario desolador: a partir del 10 de diciembre, apenas el 9% de los beneficiarios que sufrieron la suspensión lograrán recuperar su haber.
De los miles de santiagueños que vieron interrumpido su único sustento, solo 1.800 personas (aquellas que completaron trámites de auditoría o presentaron descargos) verán acreditado el pago retroactivo este mes, según confirmó Ítalo Cioccolani, jefe de la Anses local.
Un golpe millonario a la economía doméstica La provincia cuenta con un universo de 83.816 titulares de pensiones (por invalidez, vejez y madres de 7 hijos). Durante 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) envió más de 76.000 cartas documento, poniendo en jaque a la gran mayoría del padrón.
La suspensión efectiva de unas 20.000 pensiones no solo afectó a las familias, sino que drenó la economía provincial: se estima que dejaron de circular más de $6.000 millones mensuales en los comercios y hogares santiagueños, sumando los haberes base y los bonos extraordinarios.
Salud en riesgo y batalla judicial El recorte tuvo una consecuencia aún más grave que la económica: la pérdida del programa Incluir Salud. Organizaciones de derechos humanos y especialistas advirtieron que la interrupción de tratamientos oncológicos y farmacológicos elevó críticamente el riesgo de mortalidad en esta población vulnerable, aunque aún no hay estadísticas oficiales que vinculen directamente los fallecimientos reportados con el corte de prestaciones.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, respaldada por el gobierno de Gerardo Zamora, logró un fallo histórico del Juzgado Federal Nº1 el pasado 29 de septiembre. La justicia ordenó la restitución inmediata de las bajas y el pago de retroactivos, calificando la medida nacional como arbitraria.
La respuesta oficial y el escándalo político Si bien Anses acata la orden, la burocracia frena la reparación total. Cioccolani explicó que la prioridad es para quienes asistieron a las auditorías, mientras que muchos quedaron fuera por «inconsistencias médicas» o falta del Certificado Único de Discapacidad (CUD), trámite que hoy tiene demoras de hasta tres meses.
Este proceso se da en medio de una tormenta política para la ANDIS, sacudida por una denuncia de presuntos sobornos y coimas que involucra a su exdirector, Diego Spagnuolo, y menciona a figuras cercanas al círculo presidencial, lo que aceleró la presión social para regularizar la situación de los más vulnerables.