Un juez federal de Rosario dictaminó que el Ministerio de Economía encubrió una relación de dependencia bajo la fachada de contratos temporales y convenios universitarios.
El Laberinto de la Precarización (2000-2017)
La abogada C.A. ingresó a la administración pública en mayo del año 2000. Durante casi 17 años, su carrera fue un catálogo de las diversas formas en que el Estado evita la planta permanente:
- Locaciones de servicio: Contratos por tareas específicas que se volvieron permanentes.
- Triangulación Universitaria: Entre 2004 y 2010, el vínculo se canalizó a través de convenios con universidades nacionales, aunque la profesional jamás pisó un aula ni trabajó para dichas instituciones.
- Contratos Transitorios: Renovaciones sucesivas que generaron una falsa expectativa de estabilidad.
Tareas de Estado, Sueldo de Contratista
A pesar de no estar en planta, la abogada desempeñó roles críticos para la soberanía jurídica del país. Su firma y asesoramiento estuvieron presentes en:
- Liquidaciones Ferroviarias: Procesos complejos en empresas como Ferrocarriles Argentinos y FEMESA.
- Crisis del 2001: Defensa del Estado ante la avalancha de amparos por el «corralito» bancario.
- Organismos Clave: Asesoría legal para el INDEC, el ex Banade y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
El Argumento del Juez Gastón Salmain
El magistrado del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario fue tajante al rechazar la defensa estatal. Según el fallo, se probó que existía:
- Subordinación Directa: Recibía instrucciones precisas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Cumplimiento de Horario: Jornadas extensas de lunes a viernes con dedicación exclusiva.
- Desviación de Poder: El uso de contratos temporarios para cubrir necesidades de servicios permanentes es una práctica ilegal que busca eludir los beneficios de la Ley de Contrato de Trabajo o el régimen de estabilidad pública.
La Reparación Económica
Tras el despido (o no renovación) en enero de 2017, la justicia finalmente ordena una indemnización equiparable a la de un empleado de planta permanente. El cálculo se basará en la mejor remuneración del último año, sumando los intereses acumulados durante los casi 9 años que duró el proceso judicial.
[Imagen de Justicia Federal de Rosario]
Este caso sienta un precedente vital para miles de profesionales que hoy trabajan bajo modalidades similares en diversas áreas del Estado Nacional.