El conflicto entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha entrado en una fase de cuenta regresiva crítica. Según fuentes oficiales, el Gobierno de Javier Milei ha fijado el mes de marzo de 2026 como la fecha límite para avanzar judicialmente contra Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. La premisa es clara: lograr la detención de la cúpula antes de que la proximidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá convierta cualquier movimiento en un riesgo político inasumible.
La «Ventana de Marzo» y el fantasma de la FIFA
La urgencia tiene una explicación técnica y deportiva. El Ejecutivo evalúa que actuar en marzo permite un margen de maniobra para negociar con la FIFA un proceso de «normalización» institucional. El temor radica en que, a medida que se acerque el certamen, la FIFA —que ya ha descalificado a países como Guatemala o Kuwait por injerencia estatal— tenga argumentos más sólidos para dejar a la Selección Argentina fuera de la Copa del Mundo si percibe una intervención directa.
El plan oficialista apuesta a que, si la salida de Tapia es consecuencia de causas penales por lavado de dinero y no de un decreto administrativo, el impacto internacional será menor y se podrá evitar el aislamiento de «La Scaloneta».
El cerco judicial: Lavado de dinero y «arrepentidos»
La ofensiva se despliega en dos juzgados clave:
- Juez Luis Armella: Investiga los vínculos de la conducción de la AFA con la financiera Sur Finanzas. El procesamiento de Micaela Sánchez (tesorera de la financiera) y de los custodios de Tapia busca generar una presión interna que derive en testimonios de «arrepentidos».
- Juez Marcelo Aguinsky: Sigue la pista de Pablo Toviggino por la adquisición de una mansión de lujo en Pilar, también bajo la carátula de presunto lavado de activos.
Rupturas internas y falta de defensa
Mientras Tapia intenta blindarse con fotos junto a Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol), el frente interno muestra fisuras. La relación entre Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, atraviesa meses de turbulencia; este último se resiste a ser el «chivo expiatorio» de la gestión.
A este aislamiento se suma la pérdida de terminales judiciales clave. La histórica alianza con Daniel Angelici está rota, dejando a Tapia sin su principal armador en los tribunales de Comodoro Py en el momento de mayor vulnerabilidad de su mandato.
Con la bandera de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como trasfondo ideológico, el Gobierno espera que el cerco judicial se cierre antes de que el clamor popular por el Mundial vuelva a Tapia «intocable».