El escenario judicial en Brasil ha dado un giro drástico tras los recientes intentos de evasión por parte de figuras clave del gobierno anterior. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ha dictaminado medidas restrictivas severas para evitar que el proceso judicial por el intento de golpe de 2022 sea vulnerado.
La causa del endurecimiento: Riesgo de fuga
La justicia brasileña actuó bajo la premisa de un «inminente riesgo de fuga» tras dos eventos que encendieron las alarmas:
- El caso Silvinei Vasques: El exjefe de la Policía de Caminos fue interceptado en Paraguay con un pasaporte falso, intentando llegar a El Salvador.
- La huida de Alexandre Ramagem: El exjefe de inteligencia logró evadir los controles y trasladarse a Estados Unidos, lo que evidenció fallas en las medidas cautelares previas.
Los exfuncionarios afectados
La orden alcanza a 10 personas que formaban parte del círculo de confianza de Jair Bolsonaro. Entre los nombres más destacados figuran:
- Filipe Martins: Exasesor de asuntos internacionales.
- Exmilitares de alto rango: Individuos que ocupaban puestos estratégicos en el Ministerio de Justicia.
Restricciones impuestas por el STF
La transición a la prisión domiciliaria no es meramente una estancia en el hogar, sino que viene acompañada de una vigilancia tecnológica y social estricta:
- Tobillera electrónica: Monitoreo constante de su ubicación por GPS.
- Entrega de pasaportes: Anulación de cualquier posibilidad de salida legal del país.
- Incomunicación digital: Prohibición absoluta de utilizar redes sociales.
- Restricción de contacto: Tienen prohibido comunicarse entre los propios condenados o implicados en la causa.
Situación actual de Jair Bolsonaro
Mientras sus aliados son cercados por la justicia, el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta su propia batalla legal y de salud. Actualmente, se encuentra bajo custodia en un hospital de Brasilia, recuperándose de una cirugía por complicaciones gástricas y una hernia, mientras pesa sobre él una condena de 27 años de cárcel.
Esta maniobra del STF busca cerrar las fronteras y garantizar que el proceso judicial siga su curso sin más interferencias externas o evasiones internacionales.