En un nuevo avance contra los sectores más vulnerables de la sociedad, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, disfrazada de «reordenamiento administrativo», representa un retroceso histórico en materia de derechos humanos y autonomía para las personas con discapacidad en Argentina.

El fin de la autonomía y el regreso al modelo médico

La decisión comunicada por el jefe de Gabinete implica el traspaso de las funciones del organismo al Ministerio de Salud. Esta maniobra es vista por referentes del sector como una decisión política terrible e injusta, ya que:

• Pérdida de Autonomía: La ANDIS fue creada para garantizar la transversalidad de las políticas de discapacidad. Su absorción por Salud reduce la discapacidad a una cuestión meramente «médica» o «enferma», ignorando el enfoque social y de derechos humanos internacional.
• Ajuste encubierto: Bajo la excusa de eliminar «capas burocráticas» y «cargos políticos», el Gobierno reduce la estructura jerárquica en casi un 50%, lo que debilita la capacidad de gestión y seguimiento de trámites críticos.
• Estigmatización del colectivo: Para justificar el cierre, el vocero oficial recurrió una vez más a la exposición de irregularidades aisladas, generalizando un manto de sospecha sobre todas las pensiones y prestaciones del país.

Una promesa de continuidad que genera incertidumbre

Aunque desde el Ejecutivo aseguran que las prestaciones no serán recortadas, la disolución de la entidad encargada de velar por ellas genera un clima de alarma. La historia reciente demuestra que la falta de una estructura institucional sólida es el primer paso para la degradación de los servicios.

«Es una decisión insensible que utiliza casos puntuales de corrupción para destruir una institución necesaria para la dignidad de miles de familias», señalan organizaciones civiles. Al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad pierden su rango de prioridad nacional para convertirse en un apéndice administrativo más.

El costo de la «transparencia»

Mientras el Gobierno celebra un ahorro en la estructura política, las familias de personas con discapacidad enfrentan la incertidumbre de no saber quién defenderá sus derechos ante las obras sociales y prepagas, o cómo se gestionarán las nuevas pensiones en un sistema ahora fragmentado y debilitado.