Bajo el pretexto de «facilitar el cumplimiento», el gobierno estira los plazos de regularización para intentar captar fondos en una economía que se queda sin liquidez.

En lo que parece ser un reconocimiento implícito de que la presión fiscal es insoportable para el sector privado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la extensión del plazo para adherirse al régimen de facilidades de pago hasta el 31 de marzo de 2026.

La Resolución General 5808/2025 no nace de una voluntad de alivio, sino de la necesidad urgente del Estado de «pasar la gorra» ante una morosidad que crece al ritmo de la recesión. Para muchos pequeños comerciantes y autónomos, esta prórroga no es una oportunidad, sino un recordatorio de una deuda que se vuelve impagable incluso en cuotas.

El Estado como socio en las ganancias, pero verdugo en las deudas

Mientras el consumo interno se desploma y las pymes luchan por mantener sus puertas abiertas, el organismo recaudador insiste en esquemas que prometen «ordenar compromisos», pero que en realidad mantienen al contribuyente atado a una estructura de intereses y multas que se originaron por la imposibilidad real de afrontar los tributos en tiempo y forma.

La medida alcanza deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025. Esto significa que el gobierno está intentando cobrar deudas de un periodo de profunda caída económica, ofreciendo planes de pago a empresas que, en muchos casos, están operando a pérdida o con capital de trabajo negativo.

Una medida recaudatoria disfrazada de alivio

El hecho de que la prórroga se haya publicado el último día del año (31 de diciembre) evidencia la urgencia oficial por mantener la expectativa de recaudación para el primer trimestre de 2026. No hay cambios en las tasas ni en los requisitos; es simplemente más tiempo para que el contribuyente elija entre pagar el sueldo de sus empleados o suscribirse a un plan para que el Estado no le embargue las cuentas.

Para el ciudadano de a pie, esta «oportunidad clave» que menciona la comunicación oficial es, en realidad, un nuevo capítulo del laberinto burocrático argentino, donde el éxito se mide por cuántas deudas se pueden refinanciar y no por cuánta riqueza se puede generar.