El gremio de maquinistas ferroviarios, La Fraternidad, emitió un duro comunicado en el que denuncia que los servicios de larga distancia que conectan Buenos Aires con San Miguel de Tucumán y Córdoba ya no volverán a circular. Según la entidad, lo que comenzó como una «suspensión temporal» por reparaciones tras un descarrilamiento en septiembre, se ha convertido en la excusa ideal para el cierre definitivo de los ramales.
La medida afecta profundamente a ciudades como San Nicolás, que funcionaba como una parada clave en ambos trayectos, dejando a los habitantes sin una alternativa de transporte a bajo costo.
El fin de servicios estratégicos
Los trenes, que dejaron de circular el pasado 30 de septiembre, cubrían rutas vitales para el norte y el centro del país:
- Ruta a Tucumán: Conectaba Retiro con el norte argentino, pasando por localidades bonaerenses y santafesinas, siendo fundamental para estudiantes y trabajadores.
- Ruta a Córdoba: Unía la Capital Federal con la provincia mediterránea, con paradas en Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás, entre otras.
Desde el gremio liderado por Omar Maturano, calificaron la situación como un lock-out patronal que priva a los sectores más vulnerables de la posibilidad de transportarse. «Se impide que se repongan los servicios bajo la excusa de la reparación de vías», sentenciaron.
Un paralelismo con los recortes de los años 90
La Fraternidad alertó que este desmantelamiento guarda similitudes con procesos históricos de ajuste ferroviario, como el Plan Larkin en los años sesenta o la Reforma del Estado en los noventa, cuando se privatizaron y cerraron ramales de Ferrocarriles Argentinos.
El gremio manifestó su profunda preocupación por el manejo de los bienes públicos y la falta de inversión por parte de la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), responsable del mantenimiento de las vías donde se produjo el descalce original cerca de Santiago del Estero.
Impacto social en el interior
La cancelación de estas frecuencias no solo aísla a las ciudades del interior, sino que elimina la opción más accesible frente a los elevados costos de los pasajes de micro de larga distancia. Para La Fraternidad, esta decisión es un retroceso institucional que afecta la soberanía del transporte y la economía de las familias que menos tienen.
