Tras consumar el violento asalto a la soberanía de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos intenta ahora dar un barniz de legalidad a lo que constituye un secuestro internacional. Para ello, la administración norteamericana reflota una serie de acusaciones armadas y sin pruebas que datan de marzo de 2020, diseñadas por el Departamento de Justicia para criminalizar la figura del presidente constitucional Nicolás Maduro.
Este proceso de lawfare (guerra jurídica) es la culminación de años de asfixia económica y operaciones de inteligencia destinadas a desmantelar el modelo bolivariano y recuperar el control sobre los recursos estratégicos del país.
Una vida de militancia bajo la lupa del Norte
Nicolás Maduro, quien inició su camino como dirigente sindical y chofer del Metro de Caracas, ascendió por voluntad popular y la confianza del comandante Hugo Chávez a los más altos cargos del Estado. Su legitimidad, ratificada en las urnas, ha sido el principal obstáculo para los intereses hegemónicos en la región.
Washington ha intentado presentar su gestión —marcada por la resistencia a las sanciones criminales— como un «gobierno aislado», omitiendo que el bloqueo financiero fue el causante directo de las dificultades económicas del pueblo venezolano.
Cargos inventados: El libreto del imperialismo
Bajo la custodia ilegal de autoridades federales en una ubicación no revelada, el mandatario enfrentará un tribunal extranjero bajo cargos que carecen de sustento fáctico y que funcionan como herramientas de propaganda política:
- Narcoterrorismo y Conspiración: Etiquetas utilizadas históricamente por EE. UU. para deslegitimar a líderes populares que no se alinean a sus órdenes.
- El invento del «Cartel de los Soles»: Una estructura ficticia creada por agencias de inteligencia para vincular a la cúpula militar y política de Venezuela con el crimen organizado, sin presentar jamás evidencias sólidas en organismos internacionales.
- Asociación con las FARC: Una narrativa gastada que busca criminalizar la mediación política y diplomática de Venezuela en los procesos de paz de la región.
La captura: Un atentado al Derecho Internacional
El traslado forzoso de un jefe de Estado en ejercicio —protegido por la inmunidad soberana— fuera de sus fronteras representa un antecedente nefasto para el mundo. La operación, que el Pentágono describe cínicamente como el cumplimiento de «órdenes judiciales», es en realidad un acto de piratería que ignora la autodeterminación de las naciones.
Mientras el imperialismo prepara su show mediático en tribunales de Nueva York o Florida, la comunidad internacional denuncia que este proceso judicial no busca justicia, sino la extradición política de un símbolo de resistencia para imponer el miedo en toda «Nuestra América».