La conducción de la CGT ha rediseñado su estrategia para enfrentar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Ante la falta de diálogo directo con el Poder Ejecutivo, la central obrera ha decidido trasladar la presión hacia el interior del país, buscando aliados entre los gobernadores para que influyan en el voto de sus legisladores en el Congreso.
El plan de la central no es solo resistir el cambio, sino debilitar el apoyo legislativo de la Casa Rosada mediante una negociación pragmática que prioriza la defensa de los fondos gremiales y los derechos colectivos.
Los pilares de la estrategia gremial
Para lograr licuar el contenido de la ley o bloquear los puntos más sensibles, la CGT se apoya en tres ejes fundamentales:
- Negociación con gobernadores: El foco está puesto en mandatarios de bloques independientes y peronistas dialoguistas, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). La táctica es advertirles sobre cómo ciertos cambios en las contribuciones patronales y Ganancias podrían desfinanciar las cajas provinciales.
- Desmarque del peronismo legislativo: Si bien la central realizó aportes a la contrapropuesta del bloque de Unión por la Patria, prefieren no atarse exclusivamente a ese proyecto por considerarlo difícil de aprobar. El objetivo es tener flexibilidad para negociar «punto por punto» con el oficialismo.
- Advertencia de conflicto: Mientras Héctor Daer lidera la vía diplomática, otros sectores de la central ya preparan el terreno para medidas de acción directa, como movilizaciones o un paro general, en caso de que el Gobierno intente avanzar sin consensos mínimos.
Los puntos de mayor fricción
La principal preocupación de los gremios radica en artículos que tocan la estructura misma del poder sindical y la estabilidad laboral:
- Financiamiento: La posible eliminación de la cuota solidaria que los no afiliados aportan a los sindicatos.
- Ultraactividad: La revisión de la vigencia automática de los convenios colectivos de trabajo.
- Indemnizaciones: La creación de fondos de cese laboral que reemplacen el sistema actual de despidos.
El futuro de la reforma entrará en una etapa decisiva la próxima semana, cuando comiencen las reuniones formales (muchas de ellas vía Zoom por cuestiones de agenda) entre la cúpula de Azopardo y los jefes provinciales.