Un fallo de la justicia cordobesa ha provocado un fuerte repudio social en la localidad de La Playosa. Rodrigo «Loli» Santi, de 32 años, quien reconoció haber abusado sexualmente de aspirantes a bomberos bajo su cargo, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. El argumento judicial para otorgar esta medida, apenas un mes después de su confesión, fue un informe psicológico que advertía sobre un cuadro de «trastorno depresivo mayor con riesgo de suicidio».

Santi ocupaba un rol jerárquico como instructor y formador de jóvenes, posición que utilizó para perpetrar delitos de abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.

El esquema de abusos en el cuartel

La causa judicial, impulsada por las denuncias de las víctimas y sus familias, describe una dinámica de sometimiento y manipulación del poder dentro de la institución:

• Manipulación grupal: El instructor promovía prácticas sexuales colectivas presentándolas como supuestos «juegos de confianza» o ritos de iniciación para naturalizar el contacto físico entre los menores.
• Aislamiento: Una vez establecida esa dinámica, invitaba a las víctimas de forma individual a su domicilio, donde les suministraba alcohol para concretar los abusos.
• Entorno de silencio: La investigación sugiere que el peso de la familia de Santi en el cuartel (con parientes en cargos directivos) contribuyó a que los hechos no se denunciaran previamente por temor a represalias o falta de credibilidad.

La prueba clave: una madre descubrió los chats

El caso dio un giro definitivo en octubre de 2025, cuando la madre de un adolescente de 16 años revisó el WhatsApp Web de su hijo. Allí encontró mensajes explícitos donde Santi admitía haberse «zarpado» y pedía perdón al menor por un hecho ocurrido meses atrás.

Esa evidencia fue el disparador para que otras víctimas se animaran a declarar, rompiendo el pacto de silencio en la comunidad.

Futuro de la causa

A pesar de encontrarse en su domicilio desde el 22 de diciembre, el proceso judicial continúa avanzando:

• Pena en expectativa: El abogado querellante, José Corigliano, recordó que por la gravedad de los delitos confesados, Santi podría recibir una condena de entre 8 y 20 años de prisión.
• Posibles nuevos casos: La fiscalía no descarta que aparezcan más denunciantes a medida que el caso toma relevancia pública.
• Monitoreo: El acusado deberá permanecer bajo vigilancia electrónica y con la prohibición absoluta de contacto con las víctimas o testigos del caso.