A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, un informe revela una tendencia inesperada dentro del modelo de ajuste: mientras el empleo formal y las jubilaciones perdieron poder adquisitivo frente a la inflación, la asistencia social directa creció en términos reales. A diciembre de 2025, la red de contención estatal alcanza a más de seis millones de beneficiarios, consolidándose como el principal amortiguador contra el conflicto social.
Este fenómeno explica, en gran parte, la ausencia de estallidos masivos pese al fuerte deterioro de los salarios de la clase media y la pérdida de unos 180.000 empleos formales en los últimos dos años.
Los números de la asistencia directa
Lejos del relato sobre el fin de la asistencia estatal, las partidas destinadas a los sectores más vulnerables muestran cifras históricas tanto en cobertura como en montos:
- AUH (Asignación Universal por Hijo): Alcanza a 4.114.513 titulares. En términos reales, la AUH es hoy un 23% más alta que la que se pagaba durante el gobierno de Alberto Fernández y un 10% superior a la de la gestión de Cristina Kirchner.
- Tarjeta Alimentar: Llega a 2.546.130 familias, cubriendo a más de 4,5 millones de niños y adolescentes.
- Crecimiento interanual: Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100%, una variación excepcional que superó ampliamente el ritmo de los precios.
El cambio de estrategia: fin de la intermediación
La clave política del gobierno de Milei ha sido un movimiento doble: por un lado, desplazó a las organizaciones sociales y piqueteras de la gestión de los recursos; por el otro, reforzó el dinero que llega de forma directa a las cuentas de los beneficiarios.
Esta «latinoamericanización» de la asistencia muestra una evolución constante desde 2015:
- Cristina Kirchner: Dejó el poder con 250.000 planes.
- Mauricio Macri: Elevó la cifra a casi 1,5 millones.
- Alberto Fernández: Durante la pandemia, la ayuda escaló a 4 millones.
- Javier Milei: Consolidó y superó la cifra, llegando a los 6 millones actuales.
El impacto en las provincias
El ajuste nacional también trasladó parte de la presión a los gobernadores. En provincias como Santa Fe, la demanda alimentaria creció un 30% durante 2025. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, asiste a más de 246.000 personas mediante programas propios como la Tarjeta Única de Ciudadanía, con una inversión mensual que supera los 3.800 millones de pesos.
Si bien estos planes logran contener la indigencia y garantizan el umbral alimentario, el informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) advierte que no son suficientes para sacar a los hogares de la pobreza, ya que siguen cubriendo solo una fracción de la Canasta Básica Total. El modelo actual parece haber blindado la paz social a costa de una pérdida histórica en el poder de compra de los trabajadores asalariados.