Un informe oficial reveló una paradoja central en el programa económico de Javier Milei tras dos años de gestión: mientras los salarios, las jubilaciones y el empleo formal sufrieron una pérdida histórica frente a la inflación, la asistencia social directa se consolidó como la única partida presupuestaria que creció en términos reales.
Este fenómeno, descripto como un «blindaje social», explicaría la relativa estabilidad ante la ausencia de conflictos masivos, a pesar de los profundos recortes en otras áreas del Estado.
Cifras récord y cobertura histórica
A diciembre de 2025, los niveles de transferencia directa alcanzaron marcas que solo se comparan con periodos excepcionales, superando incluso la cobertura previa a la pandemia:
- Alcance masivo: Se registran más de 6 millones de prestaciones totales.
- Infancia y discapacidad: Más de 4,1 millones de titulares reciben ingresos destinados a la niñez.
- Seguridad alimentaria: Unas 2,5 millones de familias cuentan con asistencia alimentaria directa del Estado.
El contraste con el trabajo formal y las jubilaciones
El documento destaca que la política social se convirtió en el principal amortiguador frente a la devaluación. Mientras las transferencias a los sectores más vulnerables duplicaron su valor real entre finales de 2023 y fines de 2024, otros indicadores mostraron una realidad opuesta:
- Salario Mínimo: Perdió poder adquisitivo mes a mes, cubriendo actualmente solo una fracción mínima de la Canasta Básica Total.
- Jubilaciones: Al igual que el empleo registrado, quedaron retrasadas respecto al avance de los precios, soportando gran parte del peso del ajuste fiscal.
- Cambio de paradigma: El Gobierno eliminó la intermediación de organizaciones sociales, optando por transferencias directas a los beneficiarios. Este giro permitió sostener un piso de consumo básico en los sectores más golpeados por la crisis.
Estabilidad y rol de las provincias
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso coincide en que el costo del programa económico recayó mayoritariamente sobre los trabajadores y jubilados. En este escenario, tanto el Gobierno nacional como las administraciones provinciales debieron absorber la creciente demanda alimentaria derivada de la caída del empleo, utilizando la asistencia directa como un ancla de estabilidad política y social.