La interna en la CGT sumó un nuevo capítulo de tensión este miércoles 21 de enero de 2026. Los sindicatos que integran el bloque industrial, encabezados por la UOM (metalúrgicos) y SMATA (mecánicos), lanzaron una fuerte presión sobre la mesa chica de la central obrera para que convoque a un paro nacional con movilización antes del 11 de febrero, fecha prevista para el inicio del debate legislativo.

Los gremios advierten que la estrategia de «diálogo y espera» que mantiene la conducción cegetista es insuficiente ante un proyecto de ley que consideran «totalmente regresivo» y que ya contaría con los votos necesarios en el Congreso.

Los puntos de conflicto y la crítica a los gobernadores

La postura de los sindicatos industriales se fundamenta en tres ejes críticos que marcan una distancia con la cúpula de la CGT y con el espectro político:

• Acuerdos políticos cerrados: Denuncian que la Casa Rosada ya pactó el acompañamiento de varios gobernadores a cambio de recursos presupuestarios, utilizando los derechos laborales como «moneda de cambio».
• Impacto en las PyMEs: Advierten que la reforma debilitará los convenios colectivos de trabajo, dejando a los empleados de pequeñas y medianas empresas en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la patronal.
• Inutilidad de la judicialización: Para los industriales, recurrir a la Justicia una vez aprobada la ley (como sugiere parte de la conducción) es una medida tardía que no evitará el daño inicial a los trabajadores.

Fractura en la unidad sindical

A pesar de la urgencia planteada por los metalúrgicos y mecánicos, la CGT no logra una posición unánime:

• Bloque Transporte: Sindicatos clave del transporte aún no han dado el visto bueno para una medida de fuerza, lo que le quita contundencia a un posible paro general.
• Estrategia de la cúpula: Los sectores más dialoguistas de la central prefieren agotar las instancias de negociación en el Congreso y presionar a los legisladores antes de saltar a la confrontación directa en las calles.

Desde el sector industrial aseguran que la reforma impulsada por el Ejecutivo «elimina derechos consagrados» y que, de no mediar una reacción contundente, la sanción de la ley abrirá un ciclo de alta conflictividad social y presentaciones por inconstitucionalidad en todo el país.